Laura Moyano era una chica trans de 35 años que vivía en Córdoba. En la madrugada del 25 de julio del año pasado fue brutalmente asesinada: su cuerpo fue abandonado en una obra en construcción en Villa Allende Parque y, según demostró la autopsia, fue brutalmente golpeada y abusada por al menos tres hombres, quienes aún hoy permanecen prófugos.

 

Pasó un año del asesinato pero en la causa que sigue la fiscal Copello no hay avances ni detenidos. Por ello, más de 1.500 personas marcharon en busca de justicia.

 

A pesar de dos movilizaciones de Ni Una Menos, la transfobia y la violencia de género continúan a la orden del día. El caso de Laura se suma a la alarmante lista de mujeres víctimas de la violencia femicida. Este crimen no es un hecho aislado, sino el predecible desenlace de una cadena de opresiones que somete al conjunto de las mujeres y al colectivo LGTBI a vivir en condiciones de extrema violencia. Y no sólo violencia física sino también psicológica, verbal, sexual, económica e institucional. Ante estas opresiones, es importante recordar: el Estado, tanto a nivel provincial como nacional, es responsable por generar las condiciones materiales necesarias para el desarrollo de esta violencia descargando la crisis profundamente sobre las masas.

 

En nuestro país, la violencia al colectivo trans adopta características específicas como son la expulsión temprana del hogar y del sistema educativo, la imposibilidad de terminar estudios primarios, secundarios o universitarios, la ausencia de políticas que garanticen la inclusión laboral genuina, la persecución policial amparada en los códigos contravencionales o el escaso acceso a la salud integral a más de tres años de sanción de la ley nacional de Identidad de Género.

 

Esta exclusión empuja a las mujeres trans/travestis/transgénero a subsistir en condiciones de vida precarias, ejerciendo la prostitución como único medio de subsistencia y quedando expuestas al narcotráfico, a las redes de trata y al abuso y la violencia policial. La expectativa de vida de una persona trans en nuestro país no supera los 35 años. La misma edad que Laura tenía al ser asesinada.