Mientras el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta orienta la obra pública a poner en valor las zonas más opulentas para promover los negociados inmobiliarios, mantiene al 8% de la población de la CABA viviendo en villas. La ciudad con mayores recursos per cápita del país, presenta índices sociales alarmantes en su zona sur.

Según un informe publicado por el Centro de Estudios Metropolitanos, correspondiente al mes de julio, en la Comuna 8, que abarca los barrios de Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano,  5 de cada 10 hogares se encuentran debajo de la línea de pobreza. Allí, el 53% de los trabajadores está precarizado y el ingreso individual promedio es de apenas $46.533, por detrás de la canasta de indigencia de junio (último dato disponible), calculada en $104.227. A su vez, el 32% de los habitantes de esa comuna vive en villas, donde prima el hacinamiento y la falta de acceso a servicios básicos.

El gobierno porteño es responsable de la crisis habitacional. Para comenzar, sancionó un código urbanístico que habilita una mayor capacidad constructiva, dando paso a megatorres cuyos departamentos muchas veces están vacíos porque son utilizados como reserva de valor por parte de los capitalistas o tienen como destino los alquileres temporarios para el turismo. También cedió tierras públicas, con los votos del PJ en la Legislatura, al servicio de este tipo de emprendimientos. Esa orientación encarece el metro cuadrado y pisotea el derecho a la vivienda de la población trabajadora.

La gestión de Larreta también contribuye a la miseria salarial de la población de la ciudad. El salario de los trabajadores municipales de CABA promedia los $160 mil y $180 mil el de un docente de jornada simple. Se trata de un punto de confluencia con el gobierno nacional, encargado de hundir los ingresos populares en todo el país.

Desde la lista que encabezan Gabriel Solano y Vilma Ripoll en el Frente de Izquierda, que lleva a Vanina Biasi como precandidata a jefa de Gobierno, planteamos la necesidad de impulsar planes de vivienda y urbanización de villas y asentamientos, gestionados por los vecinos, que empleen mano de obra desocupada bajo convenio, y universalizar el acceso al crédito hipotecario. A su vez, defendemos un salario mínimo igual a la canasta familiar y aumentos salariales indexados a la inflación de cada mes. Rompamos con los políticos capitalistas responsables de precarizar las condiciones de vida de los sectores populares y reforcemos una alternativa que les duela a los dueños del poder.

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