Las cifras del Indec sobre el mercado de trabajo son realmente escalofriantes, y son además un retrato de la pauperización social que atraviesan las familias trabajadoras de la Argentina. Casi seis millones de personas padecen problemas laborales, entre desocupados y demandantes de empleo. Ello refleja y al mismo tiempo retroalimenta el empobrecimiento de los trabajadores, porque tensiona hacia abajo los salarios y las condiciones laborales.

La desocupación abierta subió casi un 25% en 2020, pasando del 8,9% al 11% de la población económicamente activa, lo que equivale a más de 1.400.000 de personas. Esos números, sin embargo, solo reflejan una parte del desempleo, porque a su vez decayó la proporción de los activos en relación a la población total, del 47,% al 45%; es decir que muchos dejaron de buscar trabajo producto de la desmoralización, razón por la cual dejan de ser considerados desocupados. En total, solo 4 de cada 10 habitantes del país tienen un empleo.

Esta situación golpea a clase obrera en su conjunto. Es lo que el Indec denomina “presión sobre el mercado de trabajo”, producto de que casi el 38% de la población económicamente activa demanda trabajo; entre desocupados, subocupados, ocupados demandantes y ocupados disponibles. Algunos datos muestran un desastre social, como que el 26% de las mujeres de entre 14 a 29 años está desocupada (¡una de cada cuatro!), mientras que entre los varones de la misma edad es un 19% (uno de cada cinco).

Las estadísticas del organismo muestran, con todo, cierta recomposición en los niveles de ocupación en comparación con el momento más estricto de la cuarentena, pero revelan un dato importante: “el aumento en la cantidad de asalariados sin descuento jubilatorio y trabajadores por cuenta propia, al igual que en el tercer trimestre, explicó casi la totalidad de la suba en la tasa de empleo”. Es decir que los puestos de trabajo que se recuperaron son precarios.

Expresa una reforma laboral en marcha, que por supuesto refuerza la embestida patronal sobre las conquistas de los convenios colectivos. El informe revela que uno de cada tres asalariados no tiene descuentos jubilatorios (32,7%), mientras que uno de cada cuatro son cuentapropistas (26,4%); eso quiere decir que más de la mitad de los trabajadores ocupados sufre carencia de derechos laborales.

Este cuadro desolador tiene por supuesto un enorme impacto en los salarios. Según un relevamiento del Estudio Broda, desde el inicio de la pandemia el salario real del sector privado cayó un 8,4%, hasta promediar en los niveles más bajos de las últimas dos décadas. Es sobre esta base que el gobierno de Alberto Fernández busca imponer topes salariales en torno al 29%, en medio de una aceleración inflacionaria y cuando falta todavía que entren en vigencia los tarifazos. Esta política fondomonetarista es la que progresivamente hunde en la pobreza hasta a quienes tienen un trabajo en blanco.

Estas cifras permiten dimensionar la profundidad de la crisis social que se vive en el país. Es en este cuadro que el Polo Obrero y el Frente de Lucha Piquetero vienen protagonizando un plan de acción que implicó movilizaciones de decenas de miles en todo el país, que se ha convertido en un canal para que los trabajadores se organicen de manera independiente contra esta masacre laboral, en unidad con el movimiento obrero combativo.

La salida solo puede provenir de los propios trabajadores, porque requiere del reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario y la prohibición real de los despidos, el pase a planta permanente y el fin de la tercerización laboral, encarar un plan de obra pública financiado con impuestos progresivos al gran capital, como medidas inmediatas de transición hacia un desarrollo nacional sobre nuevas bases sociales, rompiendo con el FMI y repudiando la usura de la deuda externa.

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