En una jornada histórica y de impacto mundial, los sobrevivientes de los abusos sexuales cometidos en el Instituto Antonio Próvolo de Mendoza conquistaron las condenas penales emitidas por el tribunal Penal Colegiado N°2 del Poder Judicial de Mendoza contra los curas violadores y abusadores de menores hipoacúsicos: Nicola Corradi (42 años) y Horacio Corbacho (45 años); también condenaron al jardinero Armando Gomez (18 años) luego de tres años de un proceso judicial en el que tuvieron que sortear una gran serie de obstáculos políticos, propios de un Estado clerical que va ganando cada vez más cuestionamientos sociales a los impulsados históricamente por el movimiento de mujeres y disidencias.

Esta victoria sienta un precedente histórico para nuestro país ya que la cantidad de años de prisión por abusos sexuales cometidos por el clero son las más altas, nunca habían superado los 25 años en otros casos que llegaron a la justicia. Por ejemplo, en el caso Julio Grassi se condenó a 15 años de prisión en 2009, y en el caso del cura Justo José Ilarraz se lo condenó a 25 años de prisión en mayo del 2018 por abuso de siete seminaristas.

Las condenas a los curas violadores fueron creciendo en cantidad de años de prisión a medida que en nuestro país crecía la movilización popular y cuestionamento social a las Iglesias como con #NiUnaMenos, la #OlaVerde, el #MiraComoNosPonemos, los Encuentros nacionales de mujeres donde se desplazó la participación de la militancia clerical, o el propio movimiento piquetero combativo que es la contracara de la gestión política de la pobreza con recursos económicos del Estado que todos los gobiernos le dan a las Iglesias (católicas, evangélicas). Se trata de luchas sociales que cuestionan los abusos de poder, las enseñanzas oscurantistas en la educación, los infinitos lazos clericales del Estado argentino y la impunidad.

Todo esto, más un movimiento de personas con discapacidad que irrumpió en una de las más importantes movilizaciones bajo el gobierno de Macri contra el decreto que recortaba las pensiones, deben haber sido determinantes en el tribunal a la hora de dictar condena. El día que se emitió esta sentencia coincidió con la jornada internacional del 25N por la eliminación de todas las formas de violencia sobre las mujeres.

El colectivo de familiares y sobrevivientes del Próvolo festejó en las escalinatas del palacio judicial esta victoria, con su pañuelo naranja y el rojo de “Yo sí te creo”, con demostraciones de satisfacción por una intensa lucha librada contra una orden protegida desde el Vaticano hasta el Estado argentino: recordemos que el octogenario Nicola Corradi fue recibido por el Arzobispado de Mendoza décadas atrás escapando de denuncias por abusos sexual en Verona y La Plata de lo cual tenía conocimiento el papa Francisco.

El rechazo a la sentencia se hizo sentir rápidamente en la Santa Sede, como también se oyó fuerte el silencio del Papa Francisco, un silencio que aún permanece ante el golpe clerical de Estado en Bolivia. El Vaticano lleva más de 50 años enfrentando denuncias por violaciones y abusos sexuales en todo el mundo. Hicieron todo lo posible por desmoralizar a los sobrevivientes y familiares, buscaron evitar y luego demorar el proceso judicial en el caso Próvolo, en un primer intento de impunidad quisieron imponer su modus operandi de evitar el proceso judicial ordinario e imponer el proceso del derecho canónico. Ahora rechazan la expulsión del sacerdocio de los curas condenados hasta lograr la sentencia definitiva, que en la escalera de jerarquías de la justicia puede ser nunca.

Es importante remarcar que quedan cosas pendientes en este proceso judicial, la monja Kumiko se encuentra con prisión domiciliaria gracias a la oportunidad de fianza millonaria que le brindó el Poder Judicial y que pagó la orden “Señora del Huerto” a la que pertenece. Esta verdadera asesina de infancias está acusada de partícipe necesaria de los curas violadores, y no tiene por qué quedar absuelta de la condena ejemplar que se reivindica.

Respecto de los aspectos reparadores de la condena ejemplar, se obliga al Ministerio de Salud provincial a dar asistencia psicológica a las víctimas como también se plantea una mayor difusión de la enseñanza del lenguaje de señas. Dos aspectos que el gobierno ajustador provincial no cumplió en todo el proceso judicial y que fue cuestionado por las víctimas.

Es importante continuar acompañando la lucha de los sobrevivientes del Próvolo. El reclamo de fondo es la separación de las Iglesias del Estado para terminar con el financiamiento estatal en materia educativa, de asistencia social y en materia de salud a instituciones clericales de poder que se descomponen al ritmo que se descompone el régimen social capitalista al cual le son funcionales.