En los últimos treinta días distintos operativos secuestraron casi 1.300 kg de cocaína provenientes de Salta; 816 kg en un camión de zapallos, 314 kg en la autobomba de los bomberos de la localidad fronteriza de Aguas Blancas, y 134 kg en una ambulancia de Orán. En todos los casos, los paquetes estaban con el emblema del delfín característico del Clan Castedo.

Si se tiene en cuenta que siempre se calcula que lo secuestrado es una pequeña proporción de lo que efectivamente se traficó, podríamos afirmar que por las fronteras de Salta y desde Salta hacia el resto del país pasan cantidades gigantescas de droga. Con seguridad, la mayor parte de la que se consume en el país y de la que se exporta.

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Hace 17 años, el Clan Castedo asesinaba a la campesina Liliana Ledesma, quién denunció al diputado Aparicio por expulsar campesinos para quedarse con tierras en plena frontera con Bolivia. Muchos años después, los Castedo fueron a prisión y ahora están condenados, pero todo indica que en estas dos décadas nunca dejó de funcionar el clan, que tiene enormes lazos con todos los poderes del Estado salteño.

El exjuez federal de Orán, Reynoso, vendía las libertades de los narcos. Miembros de Gendarmería y policía provincial, incluidos importantes jefes, fueron descubiertos también vinculados al narcotráfico. Legisladores como el diputado Aparicio o un presidente del Concejo Deliberante de la ciudad fronteriza de Salvador Mazza aparecieron asociados al Clan Castedo en estas dos décadas. Los crímenes de estos mafiosos se multiplicaron en la frontera pero en los últimos dos años llegaron a la capital salteña.

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Desde el Partido Obrero hemos denunciado en tiempo real todas las manifestaciones del Estado narco y peleamos por su desmantelamiento. Hemos exigido que se siga la ruta del dinero y se incauten los bienes de los narcos y sus cómplices. Hemos propuesto comisiones investigadoras en Diputados cuando fue el caso Ledesma y desde el poder se le garantizó impunidad al diputado Aparicio, cuya asociación con los Castedo quedó probada en el juicio por el crimen de Liliana. Denunciamos en tiempo y forma la actividad de la policía provincial cuando asumió la persecución del microtráfico hace años.

Hoy circula más droga que antes de que la policía asuma esa función, aunque creció el doble la cantidad de presos por esta causa. Está fresco el compromiso del exsecretario de Seguridad de Sáenz con uno de los más pesados sicarios asociados a toda esta mafia. El actual ministro de Seguridad, Marcelo Domínguez, dijo recientemente en los medios de prensa que en Salta no hay bandas narcos.

Sáenz, como antes Urtubey y Romero, cierran la boca y miran para otro lado porque una investigación en regla, empezando por seguir la ruta del dinero, pondría en el banquillo a buena parte de los capitalistas locales, mientras crece la amenaza de que al enorme crecimiento del consumo se agreguen los crímenes masivos como los que hoy ocurren en Rosario de Santa Fe.

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