Más de 100 familias se encuentran hoy ocupando tierras ociosas en la localidad rionegrina de Cipolletti. La mayoría, descendientes de las familias del barrio Labraña. La ciudad valletana es una de las más pobladas de la provincia de Río Negro, con más de 100.000 habitantes, pero casi la mitad vive en asentamientos precarios o barrios no regularizados.

Las tomas son producto de la falta de programas de vivienda y de una política de apoyo explícito a la especulación inmobiliaria patronal por parte de los sucesivos gobiernos locales y provinciales. La pandemia profundizó el cuadro de desamparo de las familias trabajadoras.

El Estado nunca urbanizó ni dotó de servicios básicos a esta población, Tampoco estableció ninguna medida para organizar y satisfacer la creciente necesidad habitacional. Ahora, cuando más familias trabajadoras se organizan por este derecho elemental, los criminaliza y los reprime.

El Estado contra el derecho a la vivienda

Cipolletti sostiene un presupuesto anual de casi $2.400 millones, uno de los más altos de la provincia gracias a las regalías petroleras, aportes de la coparticipación y recaudación propia. Sin embargo, los sucesivos gobiernos, sean radicales, macristas o de Juntos Somos Río Negro, han aplicado una política abierta en favorecer la especulación inmobiliaria y en desmedro de los trabajadores.

Las tierras que por años se encuentran improductivas, hoy son ocupadas por la desesperación y por la falta de respuesta gubernamental. El asentamiento Ruca Laf se ha transformado en una respuesta de los sin techo ante el negocio inmobiliario.

Como ocurre en la provincia de Buenos Aires con la inmensa toma de Guernica o la toma de 22 hectáreas de El Bolsón, en Río Negro la política de los partidos patronales es alinearse en la definición de que las tomas son un delito y en criminalizar el reclamo.

Juntos Somos Río Negro recibió el apoyo unánime del Concejo Deliberante local, donde conviven junto a Cambiemos y el Frente de Todos: una muestra clara de su defensa del negocio inmobiliario. En este sentido también deben leerse las declaraciones del legislador provincial del Frente de Todos, Luis Albrieu, exintendente de la localidad de Villa Regina, quien reafirma esta orientación manifestando a los medios periodísticos de la provincia que “Las tomas son un delito”. Claramente, son incompatibles el lucro y la especulación inmobiliaria con la necesidad y el derecho al acceso a tierras y viviendas.

Por una organización independiente para conquistar nuestros derechos

Durante la asamblea realizada el pasado miércoles, desde el Partido Obrero manifestamos que la política del gobierno local es criminal, opresora y profundamente antiobrera. A la judicialización de la toma se suma que el Estado ha cortado el suministro de alimentos para que siga funcionando el comedor y merendero. La referente de la toma relató a Prensa Obrera la extorsión que sufren de parte del gobierno y el Estado con los alimentos, que no llegaron más. La asamblea debatió un plan de lucha a seguir, reafirmando sus derechos.

Organicemos y rodeemos de solidaridad esta gran lucha de las familias trabajadoras del barrio Ruca Laf. No a la criminalización de la protesta. Basta de represión.

Por un plan de viviendas y organización de un Banco de Tierras gestionado por las y los trabajadores.

Por un impuesto a las grandes fortunas locales y expropiación de tierras improductivas que garantice su inmediata puesta en marcha.

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