El servicio de transporte público de pasajeros viene arrastrando serios problemas desde hace ya mucho tiempo. Pasaron diferentes intendentes, con varios mandatos; pasaron empresas que usufructuaban y explotaban monopólicamente el transporte, pero nadie garantizó el servicio que se necesita, por el contrario, la cosa esta cada vez peor.

El incumplimiento de la empresa es abrumador, de las 120 unidades que deberían estar en las calles solo circulan unos 60 colectivos, esto provoca las largas esperas en las paradas, bajo sol o lluvia; escolares que tienen que salir dos horas antes de sus casas para llegar a horario a las escuelas; servicios que se suspenden por falta de gasoil o líneas que cortan sus recorridos a partir de las 21 hs. Y estas son solo parte de las penurias que atraviesan a diarios los usuarios.

Los vecinos no son las únicas víctimas de la empresa, las irregularidades también las sufren los choferes y trabajadores de la misma, el permanente atraso en el pago de haberes obliga a constantes medidas de fuerzas para exigir el cobro.

La auditoría municipal una fachada

La empresa “Crucero del Sur” está en la provincia desde el 2017. Llegó bajo el gobierno del intendente Jorge Jofré, después del desastroso servicio prestado por la anterior empresa “Ciudad de Formosa”. En aquel entonces, con Fernando De Vido como intendente, se debería haber concretado la compra de 50 unidades para el municipio, según lo establecía el pliego de licitación. Hoy nos preguntamos ¿dónde están esos cincuentas colectivos? En septiembre del 2017 Jofré presentó, acompañado por funcionarios del gobierno de Insfrán, a la transportista con bombos y platillos, con el compromiso de solucionar el servicio urbano. Cinco años después, estamos frente a nuevo fracaso.

En estos días, frente a un nuevo capítulo de crisis en el transporte, el gobierno municipal vuelve a insistir con la auditoría, después de realizar una en septiembre del año pasado. En ese momento se argumentó que con esa medida se iba a poder tomar acciones para evitar la quiebra del servicio, lo mismo que se dijo en el 2018. Ahora, con una vuelta de tuerca más, se vuelve sobre lo mismo, colocando al concejal Fabián Cáceres dentro de la propia empresa, pero ya conocemos los resultados. Con auditorías y con multas que, por cierto, según funcionarios de la misma municipalidad nunca se pagaron las más de 25 multas aplicadas, nada se resuelve. Esto solo demuestra la connivencia entre el gobierno y la empresa para que todo siga funcionando más o menos de la misma forma.

Subsidios y boletazos

A pesar del pésimo servicio, la empresa insiste en un nuevo aumento del boleto. Venimos de una suba a principios de año, llegando a 84 pesos. Ahora el pedido, que ya fue presentado al Concejo Deliberante, es un boleto a 117 pesos, un 34% más del último aumento. A pesar de que reciben jugosos subsidios por parte de los Estados. Desde Nación la empresa recibió unos 55 millones, desde el Estado provincial debería ser una cifra similar, aunque según algún medio informativo el gobierno de Insfrán solo habría girado unos 20 millones, desfinanciando en parte al municipio y golpeando al gobierno de Jofré. Así el problema del transporte se mete en la interna del PJ provincial, ya que Insfrán querría sacar al jofrismo de la intendencia. El gobierno de Jofré interviene para cubrirse las espaldas y que esto no le implique un costo político y, si es posible, rescatar a la empresa. Crucero del Sur viene denunciando pérdidas desde el año que llegó, algo difícil de creer. Con la intervención se pone en marcha el operativo de rescate, ya sea por vía del aumento del pasaje, un nuevo “boletazo” o través de subsidio del combustible, proveyéndolo. Como sea, el rescate lo vamos a pagar los usuarios y vecinos de la ciudad.

La estatización, una salida

¿Se puede solucionar el transporte? ¡Claro que sí! Desde el Partido Obrero sostenemos que hay que dar un vuelco a los tratamientos que se vienen dando. En primer lugar, hay que reconocer que el transporte público de pasajero es un servicio básico para las masas de trabajadores y estudiantes y que su funcionamiento debe garantizarse. Para eso debe separarse de la lógica mercantil capitalista y abordar el problema desde otra lógica. Si la empresa funciona a base de los subsidios estatales, sería lo lógico que el municipio se haga cargo. Esto incluso sacaría de la discusión la rentabilidad empresarial y eso permitiría concentrar todos los recursos en garantizar, mejorar y ampliar el servicio, aumentando las frecuencias y las líneas para que todos los barrios puedan contar con transporte. Ahora bien ¿podemos confiarnos en una estatización, dejando solo en manos del municipio el servicio? Sabemos que no, debe ponerse bajo el control de los usuarios organizados y de los propios trabajadores de la rama, a quienes debe garantizarse el convenio colectivo. Ambos sectores son los que deben asumir un rol operativo y fiscalizador. Entendemos que es esta la salida al problema, cualquier otra medida será solo nuevas distracciones para que nada cambie.

https://prensaobrera.com/politicas/los-aumentos-que-vienen-con-abril-o-el-gobierno-como-generador-de-pobres