En diciembre de 2015 la ciudad de Reconquista, al norte de Santa Fe, se vio convulsionada por la denuncia de abuso sexual hacia dos menores, perpetuado por uno de los referentes de la grey católica: el sacerdote Néstor Monzón. La denuncia había sido presentada por los padres de una niña que por entonces tenía 3 años, mientras que la otra víctima era su primo, de 5 años.

Tres años después, este jueves 5, comenzará el juicio al cura Néstor Monzón, acusado de “Abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por su condición de pertenecer a un culto religioso”. Ese día las partes presentarán sus alegatos de apertura. En las horas y jornadas siguientes se presentarán diversos testigos, entre ellos la madre de la niña abusada; y la sentencia debería conocerse el 17 de este mismo mes.

Escándalos

La causa ha sido el marco de escándalos sucesivos, que incluyeron el preaviso por parte de la fiscalía –en este entonces a cargo de Rubén Martínez, hoy jefe regional del Ministerio Público- a Monzón de que se realizaría un allanamiento; la constatación de que la niña había sido contagiada por el agresor de HPV (una infección de transmisión sexual) y las escuchas telefónicas que involucran al ex obispo Juan Rubén Martínez, y a la asesora legal del Obispado, Gabriela Contepomi, quien además es docente universitaria de la Universidad Católica de Reconquista y era por entonces miembro del tribunal de ética del Colegio de Abogados de esta ciudad. El caso de Contepomi será conocido a la posteridad por su frase célebre “BORRE TODO”, en alusión a que el sacerdote eliminara toda comunicación que lo incriminara y fingiera sorpresa ante las acusaciones. A partir de esta serie de escuchas es que se lo imputa por encubrimiento agravado.

Beneficios

En junio de 2016, Monzón fue liberado por orden del juez Ireneo Berzano, ya que según el magistrado no había peligro de fuga y además no entorpecería la investigación.

El cura fue detenido nuevamente pocos días después, el miércoles 6 de julio, por una segunda denuncia, ante lo que el juez Gonzalo Basualdo determinó que transcurriera 60 días tras las rejas, mientras avanzaba la causa en la que fue acusado del abuso sexual al niño de cinco años, familiar de la primera denunciante. Cumplido ese plazo, el cura esperó el inicio del juicio en libertad, hasta estos días.

El pedido de condena

El abogado querellante Andrés Ramseyer, quien representa a la familia de la niña, ha pedido 16 años de prisión de cumplimiento efectivo. “Nosotros estamos convencidos que Monzón es culpable, que los ilícitos se cometieron, que hubo abuso (…) No debemos olvidar se está juzgando a una personas que fue sacerdote (…) y tiene la protección del clero que es fuerte: es de público conocimiento cómo ha actuado quien era Obispo de acá (Rubén Martínez), permanentemente la Iglesia estuvo arriba de este caso”, sostuvo (Sin Mordaza, 29/10).

Por su parte la fiscalía, a cargo del fiscal Alejandro Rodríguez, ha requerido 12 años.

Por estas horas, se está desplegando una intensa campaña en redes sociales, marcando lo que será el comienzo del juicio en estas horas decisivas; esta acción ayuda a visibilizar las denuncias de familiares y de víctimas que reclaman justicia ante tanta impunidad eclesial y política. A su turno, un documento de apoyo a la familia de los niños -impulsado por la organización de mujeres Colectiva Savia- reunió más de doscientas firmas y adhesiones de distintos espacios políticos, sociales, de derechos humanos, territoriales y personalidades que manifestaron su solidaridad con la causa.

Silencio político

El poder político de Reconquista, hoy en manos del PJ, no ha movido un dedo para denunciar los abusos sexuales a menores y menos de este calibre. El intendente Enrique Vallejos, que tan públicamente se ha mostrado en las acciones de los grupos antiderechos junto a las iglesias católicas y evangélicas, con el apoyo al aborto clandestino, nada ha expresado sobre este caso.

Y lo propio hicieron desde el saliente gobierno provincial del Frente Progresista, Cívico y Social: salvo algunas figuras, que pidieron en una declaración la reclusión del sacerdote, el resto fue un silencio contundente que evidencia los vínculos entre la justicia, el clero local y los gobiernos.

Movilización y solidaridad

Se espera una gran presencia, ante una calle vallada y dividida para los que apoyan al sacerdote; y quienes apoyamos a las víctimas.

Sin dudas, las recientes condenas a los curas abusadores como en el Caso del Instituro Próvolo en Mendoza, y otras denuncias hacia miembros de cultos religiosos, incluidas monjas y pastores, son conquistas desde la valentía de los familiares, pero también de un movimiento que fue creciendo a medida que crecía la movilización popular como el #NiUnaMenos, la #OlaVerde, el #MiraComoNosPonemos y el #YoSíTeCreo, que enfrentan al poderío eclesial y al evangelismo. Estas luchas cuestionan los infinitos lazos clericales del Estado argentino y la impunidad.

Llamamos a rodear de solidaridad a las víctimas y a sus familias, para poner fin a la impunidad y a esta violencia institucional que se materializa contra niñas y niños.

Fortalezcamos más que nunca la campaña por la separación de la Iglesia del Estado, pacto del cual son responsables todos los gobiernos que históricamente fueron delegando en la curia tanto la asistencia social como la educación.