A tres años de sancionada la Ley de Alquileres, nos encontramos con un alto grado de incumplimiento por parte de los propietarios e inmobiliarias y con el intento de los partidos patronales de derogarla o flexibilizarla en función de desregular el mercado de locación, bajo el pretexto de incrementar la oferta. Según dejaron trascender, se trataría el tema en Diputados en las próximas semanas.

En CABA, la oferta de alquileres retrocedió entre un 35% y 40% en los últimos dos años, y, en la actualidad, llega apenas a los 5.442 departamentos, habiendo barrios donde la oferta es nula, según un relevamiento de Zonaprop. Como los propietarios necesitan 20,2 años de alquiler para recuperar la inversión de su inmueble, optan por opciones más rentables: ponerlo a la venta o alquilarlo en dólares, tanto para el turismo como para los residentes.

Semejante escasez contrasta con las 70 mil viviendas publicadas en CABA con fines de renta temporaria, que, tal como informó la organización de Inquilinos Agrupados, es una cantidad equivalente al 15% de la demanda de alquileres permanentes que existe en la Ciudad.

Esta contracción en la oferta ha encarecido el precio de los alquileres. En el primer semestre del año, el aumento fue del 70,4%, superando el índice de inflación. Así las cosas, alquilar un monoambiente en CABA no baja de los $130 mil, cifra privativa para muchísimos trabajadores. Lo anterior, sumado al deterioro salarial, deriva en que el 63% de los hogares inquilinos del Amba tenga que endeudarse para pagar el alquiler. La problemática se agravará, considerando que este año vencen, solo en CABA, 12.800 contratos de los cuales un 35% no se va a renovar, según el Centro de Profesionales Inmobiliarios (CPI).

La Ley de Alquileres tiene entre sus límites que los aumentos anuales se actualizan por el Índice para Contratos de Locación (ICL), que depende de la inflación (hoy desmadrada) y del Ripte (evolución salarial que solo tiene en cuenta al sector privado registrado), lo cual generó que los contratos subieran 355% en tres años. Por eso, es necesario desindexar el precio de los alquileres de la inflación; el mismo solo debe guardar relación con la variación de los salarios, los cuales a su vez tienen que ser equiparados al costo de la canasta familiar y recibir aumentos reales. Planteo que solo es defendido por el Frente de Izquierda.

Ahora bien,  tanto Sergio Massa como la oposición de Juntos por el Cambio pretenden barrer con los aspectos progresivos de la ley (contratos cada tres años, aumentos anuales y no semestrales, anticipo de un solo mes, etc.), favoreciendo a los propietarios pero dejando completamente desamparados a los inquilinos.

Detrás de este embrollo se encuentra la valorización constante del metro cuadrado producto de la especulación inmobiliaria, con desarrolladores que se dedican a construir inmuebles de lujo, beneficiados por numerosas prebendas por parte del poder político, como la cesión de tierras fiscales, las excepciones a los códigos de ordenamiento urbano y la redirección de la obra pública en su favor. Asimismo, son construcciones que muchas veces no tienen la finalidad de ser habitadas sino de oficiar como reserva de valor para los capitalistas.

Lo anterior está en la base de que a los propietarios no les resulte tan rentable alquilar. También forma parte de las causas que explican la falta de oferta en el mercado de locación, puesto que abunda la vivienda ociosa con fines especulativos. Sin ir más lejos, 200 mil viviendas de CABA se encuentran vacías, según datos provenientes del Centro de Estudios para el Desarrollo Económico y Social Urbano (Cedesu).

Por eso, para resolver esta crisis es necesario terminar de raíz con estos negociados. Desde la lista encabezada por Gabriel Solano y Vilma Ripoll proponemos la aplicación de un impuesto progresivo y permanente a la vivienda ociosa y a los pulpos inmobiliarios, lo cual incrementaría la oferta de alquileres. A su vez, ese dinero debe ser utilizado para construir -bajo control de los vecinos- vivienda popular en los terrenos ociosos y fiscales, empleando mano de obra desocupada bajo convenio. Al mismo tiempo, es necesaria la universalización del crédito hipotecario, a tasa cero y con cuotas que no superen el 10% del ingreso del hogar. Consiste en un programa en defensa del derecho a la vivienda, vedado por todos los políticos capitalistas.

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