El tribunal de Reconquista que atendía la denuncia de familiares por la violación de un niño y una niña menores de 3 años perpetrada por el cura Néstor Monzón, les dio la razón y condenó a 16 años de cárcel al actual vicepresidente de Cáritas de esa ciudad del norte santafecino.

Era el pedido de la querella, mientras que la Fiscalía había planteado 12 años y la defensa del cura abusador su absolución “por falta de pruebas”. Una falsedad, ya que se realizó la prueba de Cámara Gesell y el relato de lxs niños fue claro y coherente a lo largo del tiempo: contaron que fueron violados y que el cura les hizo ver a cada uno cómo lo hacía con el otro. Era por entonces sacerdote de la parroquia ‘María Madre de Dios’ y aprovechó la autoridad sobre sus feligreses para captar a las víctimas.

La denuncia data de 2015, así como las maniobras de protección del cura abusador. Quien era por entonces fiscal de Reconquista le informó por anticipado a Monzón que su vivienda, ubicada en la diócesis de Reconquista, iba a ser allanada, mientras que la abogada del Obispado fue descubierta en una comunicación telefónica dándole la orden “borre todo”.

Sin la persistencia de familiares y el acompañamiento de organizaciones solidarias esta condena no habría existido. El gobierno permaneció en silencio, facilitando el hostigamiento que afrontaron quienes reclamaron la condena.

Esta línea por parte de la Iglesia y el Estado se vio también en el caso de Eduardo Lorenzo, donde el arzobispado platense lo protegió al punto de brindar una misa tras su suicidio, mientras que la justicia tardó 11 años en ordenar su detención, durante los cuales siguió siendo capellán mayor del servicio penitenciario (cobrando $100.000 por mes) y amedrentó a las víctimas para que desistieran de su denuncia.

En relación con Monzón, incluso existiendo desde hace cuatro años la denuncia, el sacerdote no ha comparecido ante los tribunales eclesiásticos; el arzobispado de Reconquista sostiene ahora en un comunicado que ello fue por “problemas de salud” y que avanzará con el proceso canónico. Las prerrogativas de la Iglesia para actuar como un Estado dentro del Estado le habilitan recursos para obstruir a la justicia, por ejemplo con el traslado de los acusados.

El tribunal descartó condenar a Monzón por transmitir una enfermedad venérea a la pequeña “por falta de pruebas”; sigue libre y está pendiente el tratamiento de un recurso para que se le dicte prisión preventiva hasta tanto la condena esté firme.

Exigimos cárcel efectiva, viva la lucha de las y los familiares.