Todo un sector de jubilados de la docencia, gremio que cuenta con un régimen previsional propio, se encuentra con sus remuneraciones congeladas a pesar de la escalada inflacionaria o del rigor de la fórmula de movilidad. El factor común a todos ellos es que iniciaron juicios contra el Estado por no haber sido encuadrados al momento de retirarse en el régimen de la docencia.

Esto no es casual: la avanzada contra los regímenes especiales es un asunto central en la carpeta de los ataques a los jubilados. Ya desde la reforma jubilatoria menemista, la Ley 24.241, la continuidad de los mismos no se sustentó legalmente, lo que abrió paso a una enorme cantidad de juicios en defensa de este derecho conquistado, en este caso, por la docencia.

Ahora bien, un fallo de 2005 declaró la vigencia del régimen jubilatorio docente, que está signado por garantizar el 82% móvil del cargo en el que se haya retirado el trabajador. No obstante, este fallo no sirvió como norma para garantizar la actualización automática de los haberes bajo este criterio, sino que cada jubilado tuvo que hacer su propio juicio, según explicó la abogada previsionalista Elsa Rodríguez Romero.

Así es que muchos jubilados que ganaron sus juicios contra el Estado tienen sus haberes congelados, sin atenuantes. La Anses argumenta no disponer de las normativas pertinentes para dar los aumentos, por lo que cada actualización tiene que ser “tramitada” por sus beneficiarios acercando información sobre el índice a aplicar en el cálculo. Esto a pesar que en 2005 se dictó también el denominado decreto 137, que estableció cómo debían determinarse los pagos en estos casos.

“Me jubilé hace 20 años y me dieron un monto irrisorio. Hice un juicio para estar en el régimen docente y algo mejoró el haber, pero después, cada vez que se disponían aumentos, a mí no me los daban; me dejaban congelado el ingreso” dice la jubilada Susana Sanjurjo, entrevistada sobre la situación en La Nación.

El presunto “vacío legal” es en realidad parte de las presiones por avanzar hacia nuevas reformas jubilatorias, por avanzar hacia la liquidación de derechos conquistados en décadas y por ir incluso contra las jubilaciones en tanto salario diferido para encaminarnos hacia un régimen único de pensiones. Es un ítem sustancial en la agenda del gran capital financiero internacional y los gobiernos, que buscan introducirlo poco a poco.

Esta ofensiva nos plantea la necesidad de luchar por la defensa de los regímenes jubilatorios especiales, de las jubilaciones en un plano más general y de igual forma por enfrentar el saqueo de los gobiernos a las cajas previsionales mientras la población de la tercera edad percibe haberes de indigencia, y mientras se dan hechos como el pago de la doble jubilación de lujo para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Redobla entonces, en el mismo sentido, la lucha histórica por conquistar el 82% móvil para defender el carácter de las jubilaciones como un salario diferido. Es también para defender los ingresos y las condiciones de vida de los trabajadores ya jubilados que se suman motivos para ir hacia un gran paro nacional en medio de los ataques contra el bolsillo y la carestía predominante.