En su edición del 19 de noviembre, el periodista Ezequiel Fernández Moores, de La Nación, expone en una columna titulada “FBI, el dueño de la pelota” la dimensión de negocios, intereses y descomposición en la Conmebol con el telón de fondo del Fifagate, no sólo en la condición presente de esta crisis política local, regional e internacional, sino en su perspectiva.

Allí se precisa la cronología de los que hablaron para el FBI dentro de la Conmebol. El primero fue José Hawilla, presidente de Traffic Group, que hizo grandes negocios con los derechos de televisación y fue detenido por fraude impositivo (Clarín, 10/6).

Luego fue el turno de buchonear de Alejandro Burzaco quien era CEO de la empresa Torneos, cuyo paquete accionario es compartido por el grupo Clarín (también por los herederos del empresario Luis Nofal y el fondo buitre DLJ) y tiene en el Gobierno a su principal cliente. Burzaco negoció su detención con el FBI como “testigo protegido”, de modo que se compromete a dar información para aliviar su situación procesal en Estados Unidos.

Según la denuncia, tanto Burzaco como los empresarios Hugo y Mariano Jinkis habrían pagado coimas de 110 millones de dólares, a través de la empresa Datisa, a los dirigentes de la Conmebol, para obtener los derechos televisivos y de comercialización de las copas América 2015, 2019 y 2013 y Centenario 2016.

La información que puede aportar Burzaco está referida a las coimas recibidas por la AFA, al papel de Grondona en el manejo de los contratos de la Fifa y a los negociados del gobierno argentino con Fútbol para Todos y la organización de diversos torneos (Prensa Obrera, 11/6). También afecta a Macri: cuando se desvinculó de Torneos, el empresario Carlos Ávila denunció que era espiado por la Metropolitana, cuyo jefe era Eugenio Burzaco, hermano de Alejandro, y próximo secretario de Seguridad de la Nación. Macri, además, tuvo a Jorge “Fino” Palacios y Ciro James a cargo de la “seguridad” en Boca.

El tercero en “hablar” con el FBI fue José María Marín, el ex presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). Con 83 años, Marín era uno de los miembros del Comité de Clubes de la Fifa.

Estas delaciones habrían provocado la caída de Luis Bedoya, ex presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (quien, a su vez, ya habría acordado una “delación compensada”); Bedoya voló el 4 de noviembre a Nueva York horas después de renunciar a su cargo. Aseguran que fue asesorado por un abogado que estuvo preso en Estados Unidos acusado por la DEA y que hasta se reunió con el presidente Juan Manuel Santos.

Y también cayó, hace pocos días, Sergio Jadue, presidente de la Federación chilena (ANFP). Este último acaba de viajar a Estados Unidos, se declaró culpable y se sumó a las delaciones ante el FBI. Los dirigentes van cayendo uno detrás de otro. La fuente señalada por La Nación indica que también seguirán ese camino los presidentes de la Federación de Ecuador y de la propia Conmebol. De ser así, se completaría la lista de los doce dirigentes sudamericanos involucrados en los contratos de Datisa.

Aún más, en los últimos días, durante el Congreso Extraordinario de la Confederación Sudamericana de Fútbol en Río de Janeiro, se confirmó la renuncia del dirigente de Quilmes José Luis Meiszner como secretario general de la Conmebol. También la del brasileño Marco Polo del Nero, a la representación sudamericana ante Fifa. En su lugar irá Fernando Sarney, vice de la CBF e hijo del ex presidente brasileño José Sarney. Del Nero es otro más que está bajo la lupa tanto de la justicia local como de la estadounidense (La Nación, 26/11).

Son las últimas imágenes del naufragio.

Se pregunta Moores: ¿Llegará, para la Conmebol, la hora del urugayo Paco Casal, quien impulsó en su país el primer juicio de denuncia de los manejos oscuros de esa federación de fútbol? Se responde: la semana pasada, la Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay pidió sanciones contra Tenfield, la firma de Casal, por no transmitir por televisión abierta los partidos de eliminatorias de Uruguay violando una resolución que indica que son “de interés general”. Tenfield (que pagó 12 millones de dólares por la exclusividad) criticó la insistencia del Estado en “expropiar derechos sin compensación algunas”, afirmó que la ley es de “dudosa constitucionalidad” y tildó la medida de “ilegítima”. “En la Conmebol se van los malos. Los que vengan, eso sí, pueden ser aún peores”, concluye el columnista.

La descomposición de uno de los deportes más hermosos, es decir del régimen camarillesco construido para gerenciar estos negocios, es total.