Un informe del Índice Barrial de Precios (IBP) del el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci) arroja que los alimentos subieron un 42,4% en el primer cuatrimestre del 2023 en el Conurbano bonaerense, agravando las condiciones de vida de millones de familias obreras con escasos recursos y en la pobreza y la indigencia.

La Canasta Básica de Alimentos que mide el Isepci, en base al relevamiento mensual de 900 comercios de proximidad en 20 distritos del Conurbano bonaerense, llegó a los $91.347 para el mes de abril, y refleja un crecimiento promedio del 10,5% mensual desde enero hasta la fecha.

Estos números ponen de manifiesto el fracaso de las políticas oficiales de “regulación de precios”, dejando al descubierto las consecuencias inflacionarias y antiobreras de la aplicación el pacto del gobierno con el FMI.

El impacto en el precio de los alimentos en la mayor concentración urbana del país, donde se nuclean gran parte de las necesidades sociales, el hambre y la pobreza, y donde se extienden cientos de comedores populares para paliar el hambre, es un registro palpable del deterioro de las condiciones sociales y de vida en las barriadas obreras.

En medio de la suba de los precios el gobierno recorta la provisión de alimentos a los comedores populares y ajusta las partidas presupuestarias para los programas alimentarios que, como sucede con la Tarjeta Alimentar, son devorados por la inflación.

El informe del Isepci también mide la influencia de los precios en los comercios de proximidad, que suele tener una mayor conexión con la realidad debido a que la comercialización por vía de supermercados y grandes cadenas, donde suelen primar los “precios regulados” solo afecta al 30% del comercio.

De todas formas, programas como Precios Justos no solo no han logrado bajar la inflación sino que son fuente de grandes negocios para los capitalistas, generando una mayor concentración de las ventas en las grandes cadenas, en detrimento de los pequeños negocios.

La suba en los precios de los alimentos va acompañada de una caída en el poder adquisitivo de los ingresos populares y salarios. Cientos de miles de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo son residentes del Conurbano bonaerense, y sus ingresos se encuentran sometidos al ajuste sobre el salario mínimo, pactado por el gobierno nacional, la burocracia sindical y las patronales.

El Potenciar Trabajo apenas supera los $40.000 para el mes de mayo, contra una medición del Isepci de $91.347, y cuando el salario mínimo asciende a los $84.512 este mes.

Para el caso de los jubilados que cobran la mínima -la amplia mayoría- estamos en ingresos de $73.665, si se suman los $58.665de la mínima más el bono extraordinario de $15.000. En lo que va del año solo tuvieron un aumento del 17,04% contra esta 42% en los alimentos.

Esto afecta particularmente a los trabajadores, quienes inevitablemente consumen la mayor parte de sus ingresos en alimentos y bienes de consumo masivo.

El gobierno nacional y el programa fondomonetarista que desenvuelve está liquidando las condiciones de vida el pueblo trabajador, sometiendo a millones de trabajadores a la pobreza y la indigencia.

Basta de ajuste. Alimentos para los comedores populares. Intervención de toda la cadena de valor de alimentos y bienes de consumo masivo, bajo control de los trabajadores. Recomposición general de los salarios y salario mínimo que cubra la canasta básica de $191.000.

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