Un relevamiento a nivel nacional pone al descubierto que el 34,5% de los inquilinos vieron mermados sus salarios respecto del mes anterior y que más del 50% usó el decreto (320/2020) que congela alquileres y desalojos. Los datos obtenidos en la encuesta que realizó la Federación Nacional de Inquilinos (FNI), que reveló que alrededor de un millón de hogares inquilinos tienen dificultades para pagar el alquiler y un 75% debieron endeudarse.

Las cifras son alarmantes, un 44,5% de las familias que alquilan adeudan un mes de alquiler y el 15,8% adeuda cinco meses o más. Además, según el FNI, la mitad de los ingresos totales del hogar (48,6%) se destina al pago del alquiler.

En el relevamiento señalado se indica que el 34,5% de los inquilinos han sufrido una merma respecto del mes pasado. El dato se conoce en un cuadro de suspensiones y despidos en todo el país, y que el 51,6% hizo uso del decreto que congela alquileres.

El decreto presidencial que establece el congelamiento de alquileres (320/2020), no fue más que un parche que pateó el problema desde marzo hasta octubre y no brinda una solución real a las familias trabajadoras ocupadas, desocupadas o jubiladas. Muy por el contrario, le generó una deuda que deberá ser pagada integralmente, siendo que los salarios, vienen sufriendo quitas por suspensiones, paritarias freezadas, despidos o bien, por la imposibilidad de realizar algunas changas o empleos no formales en el contexto de la cuarentena.

Este escenario pone de relieve la justa lucha que se ha puesto en pie en los cientos de tomas de tierras, por una vivienda en todo el país, hecho que no es ajeno a la situación expuesta en párrafos anteriores y que lejos de encontrar una solución por parte de los distintos gobiernos provinciales y nacionales, se ven hostigados de manera permanente por represión de las fuerzas de seguridad, la amenaza de desalojo y las patoteadas de la burocracia de los movimientos cooptados por el gobierno.

Queda claro que el gobierno de Alberto Fernández postergó en varios meses la problemática de las familias trabajadoras que alquilan, en función de garantizar las menores pérdidas posibles al negocio inmobiliario.

En este marco, entre las tareas principales del momento, se destaca apoyar el reclamo de las ocupaciones de tierra y recuperar el poder adquisitivo del salario real, dos demandas insatisfechas del conjunto de la clase obrera, por la cual hay que organizarse de manera independiente.