El Servicio Penitenciario de Córdoba nuevamente dio de qué hablar esta semana: Diego Marín Ayala reemplazó a Darío Tello Pajón al frente del mencionado organismo. Es claro que el cambio de director obedece a sucesivos casos de corruptela titulados como “call tumbero” o expedientes “light” dan cuenta de una situación que no solamente expone una responsabilidad individual sino de una crisis estructural.

Por un lado, el jueves pasado fue puesto en situación pasiva el jefe de la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA), Julio Heredia. Esto como resultado de una investigación en la que se comprobó que Heredia le estaba brindando un trato preferencial a Sergio Guzmán, exsubdirector de la cárcel de Bouwer. Fuentes oficiales aseguraron que Guzmán salía de su celda e iba a desayunar a la oficina del ahora ex director de la UCA.

Guzmán permanecía en la UCA desde el pasado 7 de septiembre. Recordemos que está acusado de recibir dinero a cambio de falsificar informes de reclusos para otorgarles beneficios como salidas transitorias o libertad condicional. En la misma investigación fueron detenidos Alfredo Ciocca, abogado penalista, y Ramón Salas, funcionario del gobierno de la provincia. Luego de lo sucedido fue trasladado a la cárcel de Bouwer, al pabellón donde se alojan miembros de las fuerzas policiales.

La causa en la que se acusa a Heredia por incumplimiento de sus funciones está en manos del fiscal Enrique Gavier. Gavier a su vez tiene a cargo la investigación que involucra a Guzmán y el caso de los altos mandos del Penal de Villa María. Estos, sin embargo, no son los únicos escándalos en los que se vio envuelto el servicio penitenciario en los últimos días. En Bouwer se investiga la muerte de un recluso que habría sido golpeado por un efectivo policial. El caso está en manos del fiscal José Mana. Por otra parte, recientemente, dos altas oficiales fueron pasadas a situación pasiva luego de que “por error” liberaran a una reclusa.

A raíz de todo lo mencionado anteriormente, este viernes por la tarde trascendió que el director general del servicio penitenciario, Darío José Tello Pajón, fue pasado a retiro obligatorio y será reemplazado por Diego Martín Ayala. En tanto que el jefe mayor del SPC, Juan María Bouvier, continúa en su función. Durante la campaña electoral Schiaretti habló de “combatir la inseguridad”. Sin embargo, es evidente que sus funcionarios son los primeros en incurrir al delito.

Cecilia Lanzarotti, subsecretaria de Gestión Penitenciaria, declaró a Perfil que “hay personal infiel que colabora para que ingresen elementos a las cárceles”. La explicación no da cuenta acabadamente de la comprometida situación de altos funcionarios. En este cuadro, el gobierno de Schiaretti cambia un funcionario sin alterar un sistema descompuesto que esta entrelazado con el crimen organizado.

Así las cosas, entre los numerosos casos de corruptela, los reiterados casos de gatillo fácil como lo fueron el de Blas Correas o Joaquín Paredes y la persecución y judicialización a luchadores como Soledad Díaz y Emanuel Berardo, queda claro que las fuerzas de (in)seguridad lejos están de brindar seguridad. Es un aparato descompuesto desde la raíz.

En este contexto es que reforzamos la consigna por el desmantelamiento de las fuerzas represivas, así como la elección popular y con cargos revocables de jueces y fiscales. Solo el Frente de Izquierda levanta los mencionados ejes programáticos, como parte de una reorganización de la sociedad sobre nuevas bases.

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