En las últimas horas se dio a conocer que un empleado de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) fue detenido e imputado por hechos de abuso sexual con acceso carnal en una residencia ubicada en el interior provincial. Hasta el momento serían cuatro las denuncias, y no se descarta que puedan sumarse más.

El acusado, que se desempañaba en el área de cocina de la dependencia, fue denunciado luego de que otra empleara tomara conocimiento de los graves acontecimientos sucedidos y alertara a las autoridades. Según trascendió los ataques habrían ocurrido durante este año.

Frente a este aberrante caso, desde el gobierno de la provincia y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del cual depende la Senaf, solo informaron que se había radicado la denuncia y se había apartado al personal sospechado, al cuál se le iniciaría un sumario administrativo. Una posición muy escueta frente a la gravedad del caso, que es la expresión más aguda de la crisis estructural que atraviesa la Senaf y de la cual el gobierno es el principal responsable.

Resulta que, desde hace años, lxs trabajadorxs de esta institución vienen denunciando el crítico cuadro en el que se encuentran producto del vaciamiento, las malas condiciones de trabajo, el bajo presupuesto, la extrema precarización laboral y los salarios de miseria que imperan en el sector. Un caldo de cultivo para que se desenvuelvan estas aberraciones sin que se puedan prevenir o detectar tempranamente.

A su vez madres protectoras, nucleadas en el espacio por infancias libres de violencia de la asamblea ni una menos, han puesto de manifiesto múltiples causas donde la justicia de menores y la Senaf han incurrido en fallos nefastos, separando durante un largo tiempo a los niños de alguno de sus progenitores, pero principalmente de la madre y revinculándolos de manera forzada con violentos y abusadores, contradiciendo todos los tratados de derechos del niño.

Un claro ejemplo de esto es la causa de Gilda Morales, quien hace más de 5 años lucha porque le devuelvan la tenencia de su hijo, restituido a su progenitor, sobre el que pesan denuncias de abuso sexual, o el caso Carolina al cuál se le suman intimidaciones perpetradas por funcionarias de la Senaf.

Así las cosas, es claro que la Senaf no cumple el rol que debería. Por el contrario, somete a una incesante revictimización a lxs niñxs y jóvenes frente a los cuales interviene, lo que da cuenta de las enormes limitaciones que tienen las instituciones dirigidas por un Estado garante de la reproducción de estructuras sociales que se valen de la opresión y el disciplinamiento de las mujeres, infancias y adolescencias para consolidar la explotación del conjunto de la población.

Frente a esta gravísima situación y al accionar sistemático del Estado que precariza a sus trabajadorxs y no garantiza el resguardo y la protección de menores, sometiéndolos a situaciones de extrema vulnerabilidad, es necesario profundizar la lucha para conquistar justicia para las víctimas, pero también para avanzar en condiciones dignas de trabajo para todo el personal de Senaf, el pase a planta de lxs precarizadxs, salarios dignos, aumento de presupuesto y mayor planta de trabajadorxs. El Estado es responsable.

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