El pasado miércoles 13 personas fueron encontradas en situación de servidumbre y explotación laboral en un criadero de chanchos. La mayoría de ellas oriundas del Chaco. El hecho ocurrió en Vicuña Mackenna, una ciudad situada en el departamento de Río Cuarto, Córdoba. El operativo se ordenó por el juzgado federal de Río Cuarto y se realizó por el Ministerio de Trabajo de la Nación junto a la Afip, Renatre, la Subsecretaría de Trata del Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Trabajo de la provincia, con apoyo de Gendarmería.

Ignacio Basélica Nebreda, vocero del Ministerio de Trabajo de la Nación, afirmó: “El establecimiento tenía 13 trabajadores en extrema vulnerabilidad, sin las mínimas medidas de seguridad e higiene, que ponían en riesgo su salud y su vida. A ello, hay que sumarle la extensión de las jornadas de trabajo y las condiciones en que realizaban sus tareas”. Sin embargo, se resolvió que mientras se realizan las investigaciones, las víctimas de trata permanezcan en el lugar donde fueron encontradas. Además, no trascendieron datos sobre la empresa que mantenía a estas personas en esa aberrante situación. Tampoco se reportaron detenidos.

“La delegación de Uatre Río Cuarto denunció trata laboral en un campo de la zona de Coronel Moldes. Las víctimas serían un matrimonio oriundo de la provincia de Chaco, con un bebé de apenas cuatro meses”, publicó Puntal el pasado 3 de noviembre.

Estos no son casos aislados. Claro está que el gobierno es el primer responsable de estas situaciones que se repiten a lo largo y ancho del país, en la medida de que los “controles” por parte del Estado no alteran el “negocio” de la trata de personas. Un claro ejemplo de ello es lo que sucede todos los años con lxs trabajadorxs golondrinas, que viajan de norte a sur para ser superexplotados en la cosecha de la uva, o en el ajo.

Recordemos cuando en el año 2017 se destapó la gran mafia que son las empresas de ladrillos en la provincia. La representación más cruda de esto fue la muerte de 11 niños debido a las condiciones de vida a las que eran sometidos junto con sus familias. Más acá en el tiempo, el año pasado un pastor evangélico fue detenido en San Francisco acusado de trata de personas y explotación laboral. Mientras el ajuste avanza en pos de continuar negociando con el FMI, los trabajadores se ven obligados a aceptar condiciones de trabajo inhumanas para intentar sobrevivir.

Denunciamos la complicidad del Estado, ya sea por acción u omisión. Exigimos que todxs lxs trabajadorxs estén registrados, en condiciones de higiene y seguridad, con salarios que garanticen su bienestar y el de sus familias. No queremos que ningún trabajador se encuentre por debajo de la línea de pobreza. Fuera los políticos capitalistas.

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