El transporte urbano de pasajerxs en Córdoba arrastra problemas estructurales que repercuten en calidad de la prestación del servicio. Así las cosas, lxs usuarios padecen históricos problemas irresueltos por quienes gobernaron el municipio. En este cuadro, la concejala del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Cintia Frencia exigió en sesión “la suspensión de la concesión a Ersa y la estatización del transporte bajo control de usuarixs y trabajadores”.

Semanas atrás, las inspecciones vehiculares de las unidades de la empresa Ersa formalizaban un vaciamiento largamente denunciado por trabajadores. Trascendió que el 80% de la flota de Ersa no cuenta con los colectivos en condiciones, y que en registros oficiales el municipio tiene los elementos para actuar en función de la seguridad vial y en defensa del derecho al transporte.

Sin embargo, en las calles quedó en evidencia la gestión capitalista de colectivos que circulaban sin la inspección vehicular al día. De esta manera, la pérdida de ruedas y choques fueron la peligrosa manifestación de una política de transporte que pone en riesgo a trabajadores y usuarixs. La gestión de Martín Llaryora tomó medidas de ocasión luego de una sucesión de hechos protagonizados por unidades de Ersa. En ese sentido le sacó corredores a la mencionada empresa, una medida para salvarla de quitarle la concesión.

Consultados por Prensa Obrera, choferes de la mencionada empresa dieron cuenta que la situación no cambió, “sigue siendo un desastre”. También afirmaron que en la empresa “todos los días hay una cantidad de choferes que están sin coche”. Es decir que no circulan y por lo tanto se resiente la frecuencia. Quienes gobiernan emiten un discurso de normalización pospandemia, pero la crítica situación del sistema de transporte deja en evidencia que no tienen una solución.

En este cuadro, Cintia Frencia viene impulsando un programa de salida a la crisis del sistema en función de los intereses del pueblo trabajador. “El desmantelamiento en el sistema de transporte, puesto al descubierto tras los reiterados siniestros que protagonizaron varias unidades de Ersa en estos días, es causa suficiente para dar por finalizada la concesión y que sean los trabajadores y usuarios quienes tomen el control del servicio. Sucede que no es la primera irregularidad”, denunció la concejala.

“La falta del ITV se suma al incumplimiento en la renovación de la flota y la cantidad de unidades en circulación, así como al desconocimiento de los recorridos y frecuencias fijadas en el pliego de licitación, la falta de accesibilidad”, describió Frencia.

“Esta escandalosa situación de la empresa Ersa no es una novedad. Hace meses en el Concejo Deliberante realizamos un pedido de informe para que se rinda cuentas sobre el estado de las unidades del transporte urbano en circulación y la falta de frecuencias, tras recibir varias denuncias. Incluso presentamos un proyecto para la intervención de la empresa, a los fines de garantizar el del servicio; una potestad que tiene el ejecutivo según el Marco Regulatorio. Sin embargo, Llaryora prefirió encubrir la situación y colocarse como lobista de las empresas para reclamar más subsidios a Nación”.

Para la concejala del FIT “la gestión privada del transporte no solo fracasó en garantizar el servicio, sino que en su incompetencia pone en riesgo la vida e integridad física de los usuarios y choferes. La solución que improvisa Llaryora, la de reemplazar la flota de Ersa con unidades de Tamse es impracticable y en los hechos implicaría una reducción aún mayor de la frecuencia. Lo que corresponde es la suspensión de la concesión a Ersa, la confiscación de la flota y el cobro de todas las multas por incumplimiento del pliego de licitaciones; recursos que deben ser puestos para la refacción y renovación de las unidades.

“En el Concejo Deliberante pediremos tratamiento de preferencia a nuestro proyecto presentado por la estatización del transporte, pero como no hay dudas de que la gestión municipal es responsable directa de encubrir el vaciamiento para garantizar los negociados de las concesionarias, dicha estatización solo puede proceder bajo control de trabajadores y usuarios”, concluyó Cintia Frencia.

El transporte en Córdoba viene de mal en peor. Es necesario una intervención independiente de trabajadores y usuarixs para que la crisis la paguen los capitalistas, y se garantice el derecho al transporte para toda la población, organizando el sistema sobre nuevas bases: Estatización bajo control de trabajadores y usuarixs.