Sociedad
19/1/2025
Córdoba: juicio por la muerte de bebés en el Hospital Neonatal
Para ir a fondo en el esclarecimiento de estos crímenes es necesario desplegar una fuerza independiente del gobierno y de su justicia adicta.
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Tribunales II
Luego de dos años, comenzó el juicio oral en la causa que investiga la muerte de bebés en el Hospital Neonatal. La investigación estuvo a cargo del fiscal Raúl Garzón, un hombre del gobierno cordobés en la justicia. La etapa preliminar arrojó como resultado 11 imputados, entre los que se encuentran la enfermera Brenda Agüero, presunta autora material de los homicidios; entre otros médicos, autoridades del hospital, exfuncionarios del Ministerio de Salud y el propio exministro de Salud Diego Cardozo. Se trata de una causa compleja que se espera se extienda hasta fines de junio con la declaración de alrededor de 280 testigos.
Recordemos que a mediados de 2022 la muerte de 5 bebés y la tentativa de homicidio de otros 8 fue una noticia espeluznante que sacudió a la provincia y el país. Para llevar adelante un juicio de tanta envergadura el Poder Judicial resolvió habilitar la feria judicial y dar comienzo al debate oral durante el receso de verano, pero claro está que el apuro no responde a la demanda de celeridad y justicia de las familias sino, más bien, a la intención de evitar un mayor alboroto en la opinión pública. En 2022 la renuncia del ministro Cardozo por esta causa se sumó a una seguidilla de funcionarios del riñón del PJ y del por entonces gobierno de Schiaretti, que renunciaron o fueron apartados de sus cargos por su implicancia en escandalosos delitos y actos de corrupción.
Las autopsias practicadas a los bebés comprobaron niveles de potasio e insulina extraordinariamente altos, como también que la procedencia de estas sustancias en los cuerpos fue exógena, es decir de aplicación externa. Desde el comienzo del debate oral, la acusación se esmeró en instalar la fantasiosa hipótesis de que la enfermera Brenda Agüero de manera autónoma buscó enfermar a los bebés, “para darse cuenta antes que cualquiera de que les pasaba algo y así sobresalir entre el resto del personal”. En sintonía con esta tesis absurda, se ha montado un operativo mediático para erigir un perfil psicópata que permita restringir la responsabilidad principal a esta sola agente de salud, y colocar a las autoridades y funcionarios imputados como responsables secundarios.
Así las cosas, la enfermera es la única acusada como autora material de homicidio y tentativa calificada, y permanece detenida desde agosto de 2022; en tanto que los otros médicos, directivos del hospital y funcionarios públicos presentan cargos menores de encubrimiento, falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público, según el caso.
Lo cierto es que las muertes en el Neonatal destaparon atrocidades que cuestionan el funcionamiento del sistema de salud público de conjunto y el orden político en la provincia. Las peligrosas irregularidades que van desde la precarización laboral, la falta de recursos sanitarios, el déficit de infraestructura hospitalaria, hasta el hallazgo de lotes de medicación vencidos, y graves sospechas de negociados con laboratorios y ensayos de la industria farmacéutica con medicamentos no aprobados, son algunas de las aristas del entramado mafioso de descomposición en juego en este caso.
En este cuadro, limitar los crímenes a la tesis de una asesina serial en el Neonatal como se pretende instalar resulta por demás inverosímil y una burda estrategia política para ocultar el verdadero alcance e implicancias que pueden existir detrás de las muertes que salieron a la luz.
El historial de ensayos y experimentos clandestinos de laboratorios y farmacéuticas
Es relevante mencionar que en 2005 un reconocido médico neonatólogo de la provincia, el Dr. Medardo Ávila Vázquez, denunció la realización de ensayos clínicos para laboratorios medicinales con pacientes del Hospital Neonatal. En su momento, Medardo Ávila, que por entonces era funcionario del área de Salud en la Municipalidad de Córdoba, denunció que las pruebas eran clandestinas, conocidas solo por la dirección del hospital y la enfermera que colocaba las vacunas. Incluso, los laboratorios abonaban montos elevados por cada paciente reclutado para estas pruebas, desde U$S 800 si se trataba de recién nacidos.
Además, Ávila Vázquez investigó al laboratorio Glaxo y el Centro de Desarrollo de Proyectos Avanzados en Pediatría (CeDePAP) que dirigía el médico Miguel Tregnaghi, por llevar adelante experimentos en pacientes del Hospital Municipal Infantil de barrio Alta Córdoba. En esa época, pese al escándalo que llegó a la legislatura provincial con pedidos de informes, el gobierno pejotista de Schiaretti logró blindar a Glaxo y a CeDePAP, quienes finalmente mudaron su actividad a las provincias de Santiago del Estero, Mendoza y San Juan. En 2011 fueron condenados por la justicia penal en lo económico a pagar multas por irregularidades en su documentación, no obstante, nunca fueron condenados por los experimentos y ensayos ilegales realizados.
La La lucha por develar la trama oculta de una historia de terror
Recién comienza un juicio histórico en el que todos los imputados, hasta el momento, sostienen un silencio de ultratumba respecto de los elementos que permitan develar la verdad de lo que ocurrió a los 5 bebés que perdieron la vida y a los 8 que lograron sobrevivir. Se ha comprobado que las muertes fueron intencionales, el hallazgo de grandes cantidades de potasio e insulina recurrentes en las víctimas es incompatible con la mala praxis o muertes accidentales; pero es un insulto a la inteligencia desestimar que haya intereses lucrativos y económicos que solo podrían prosperar bajo el amparo del poder político y la propia justicia cordobesa.
La conquista de verdad y justicia para las familias es inescindible de la lucha por develar la trama oculta de los intereses y responsabilidades detrás de esta historia de terror. Para ir a fondo en el esclarecimiento de los hechos es necesario desplegar una fuerza independiente del gobierno y su justicia adicta. Nuestro compromiso firme con esta lucha, abrazamos a las familias afectadas, a las y los trabajadores que sostienen son su labor la salud pública de calidad contra las políticas privatistas y mercenarias de los gobiernos, y al pueblo de Córdoba al que llamamos a defenderla y despojarla de estas atrocidades.