Sociedad
3/8/2022
Córdoba: la suba de alquileres del 61% no guarda relación con el salario
La inflación y la nueva ley perjudican a quienes alquilan.

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Alquileres.
Los alquileres registraron hasta el momento el mayor incremento anual con un 60,95%. Las cifras no guardan relación con los aumentos de salarios recibidos a la fecha. La ley de alquileres, al poco tiempo de modificarse, en la práctica demostró ser perjudicial para quienes alquilan.
Cabe recordar que “el índice para la actualización anual de los precios estará conformado en igual medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte)”. Y en este último punto está la clave del problema.
Los gobiernos, en tanto formadores del “precio del salario”, vienen teniendo a los sueldos de lxs estatales como variable de ajuste. Si se toma la paritaria docente como referencia, tenemos que la gestión de Juan Schiaretti pretende imponer una paritaria anual del 58 %. Al porcentaje señalado se llega al considerar el 30% recibido en el primer semestre, más un 28 % en tres cuotas. La última se pagaría recién en noviembre.
Además, si se suma el costo de alquilar una vivienda a la Canasta Básica Total, los ingresos de los trabajadores quedan todavía muy por detrás. Hay que tener en cuenta que, en la provincia de Córdoba, en promedio, se pagan salarios por detrás de ciudades como CABA y Rosario.
De esta manera, aunque la provincia de Córdoba eximió del Impuesto a los Sellos a los contratos de hasta $70 mil mensuales, las familias cordobesas no pueden hacer frente a la suba de los alquileres porque sus ingresos vienen en franca caída.
En ese sentido, una última medición del Centro de Almaceneros informó que la Canasta Básica Alimentaria subió 10,98% en julio. Siguiendo el mencionado informe, el 40,25% de lxs jefxs de hogares respondió que no alcanzó la totalidad de la canasta familiar. Es claro que si un hogar no puede garantizar una alimentación de conjunto mucho menos podrá pagar el costo de un alquiler.
Así las cosas, se profundiza la crisis habitacional que padecen las familias trabajadoras. Para garantizar el derecho a la vivienda es necesario que los costos de los alquileres guarden relación con los ingresos. En ese sentido, el salario mínimo debe alcanzar para cubrir el costo de la Canasta Familiar. Además, hay que gravar con un impuesto progresivo a la especulación inmobiliaria, que junto al no pago de la deuda con el FMI, se pueda poner en marcha la construcción de un plan de viviendas populares.
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