El sargento de la Policía de Córdoba, Nicolás Loases, se habría disparado un balazo en la cabeza al ser cercado por sus compañeros, que lo venían persiguiendo por robar un auto, en barrio Poeta Lugones, el pasado fin de semana. El oficial tenía 35 años y había presentado una licencia psiquiátrica, por eso no estaba en tareas operativas.

El policía ladrón fue perseguido por sus compañeros. Al no poder escapar, dejó el auto en Barrio Talleres e intentó huir a pie; no pudo, hubo un intercambio de disparos. Sin embargo, la versión oficial es que Loases, al no poder huir, se había disparado para no ser arrestado.

El asalto a una mujer de un auto Chevrolet Prisma blanco venía siendo seguido de cerca por los medios de comunicación, puesto que “la inseguridad” es uno de los recurrentes temas de la agenda. Pero la noticia adquirió un mayor relieve al constatarse que el ladrón pertenecía a la fuerza.

Lo sucedido con el policía Loases no es novedad. Cada tanto salen a la luz casos de policías implicados en situaciones de robo, entre otros delitos graves (gatillo fácil, por ejemplo), lo que da cuenta de una situación de crisis que viene de larga data.

Por otro lado, la noticia de la existencia del “poli ladrón” de autos no es algo original. Es sabido que hay elementos de la fuerza que forman parte del delito organizado del robo de autopartes y los desarmaderos de autos, de estafas piramidales, zonas liberadas para el narco y el hurto, etc. Lo que muestra una descomposición policial que no es atendida desde el gobierno de Martín Llaryora y tampoco por el Poder Judicial.

La nueva ley de seguridad no altera esta crítica situación de la fuerza, sino que empodera un aparato en descomposición (vale la reiteración). La Policía cada vez cuenta con más presupuesto, pero sin embargo el delito crece, lo que marca el fracaso de las “políticas de seguridad” del gobierno provincial. Pero el poder político y judicial sostienen una institución cuestionada; quienes gobiernan pretenden contar con las fuerzas represivas para la represión de quienes luchan contra el ajuste en curso.

Ante el suceso, los voceros capitalistas no emitieron opinión y los medios de comunicación tampoco profundizaron sobre el tema. Se quedaron sin letra quienes sistemáticamente asocian el delito con trabajadores pobres. La evidencia de un policía ladrón se los impedía. Lo concreto es que las fuerzas de (in)seguridad atraviesan un cuadro de descomposición y su desmantelamiento es una cuestión de seguridad pública.

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