El martes 13 de septiembre padres de estudiantes de la escuela Rafaela Sánchez de Caldelari tomaron el establecimiento exigiendo justicia por el menor de 11 años abusado en uno de los baños de la institución. En el colegio ubicado en Barrio Ayacucho, el padre de la víctima se había encadenado exigiendo respuestas frente al grave hecho producido el pasado 5 de agosto.

Los padres del nene de 11 años con un Transtorno del Espectro Autista (TEA) denunciaron públicamente que su hijo fue torturado y abusado sexualmente por dos estudiantes. Cabe tener en cuenta que la víctima ya venía padeciendo bullying, por parte de los mismos atacantes, y esas agresiones fueron denunciadas ante las autoridades de la escuela. Pero no tomaron medidas y el niño sufrió todavía más. “En el colegio nunca me escucharon y desoyeron la orden judicial que indicaba que mi hijo no podía estar en contacto con los dos chicos”, afirmó el padre del nene abusado. Para peor, el pasado viernes los agresores amenazaron a la víctima.

El Ministerio de Educación provincial intervino prácticamente a un mes de producido el hecho. Sucede que las autoridades realizaron acciones el día 6 de septiembre, que a la luz de los hechos no impidieron nuevas agresiones a la víctima. La directora general de Educación Primaria del Ministerio, Stella Maris Androver, en defensa del gobierno cargó contra las autoridades del establecimiento, y en declaraciones a La Voz afirmó que hablaron con las madres de los niños que agredieron para trabajar con ellos. “Debemos garantizar la escolaridad y la atención que requieran esos niños, por ello pusimos a disposición nuestros equipos de Educación Especial, Educación Sexual Integral (ESI) y Convivencia Escolar”.

En realidad, el gobierno debería de garantizar una ESI laica y científica para el conjunto de lxs estudiantes, y no cuando sucede un abuso que tomó trascendencia en los medios. Sin embargo, la orientación educativa del gobierno provincial pasa por establecer un ajuste de conjunto y en no responder las demandas de docentes y estudiantes. A su vez el ajuste que el gobierno está desarrollando en el área de discapacidad vulnera, aún más, los derechos de las personas con discapacidad exponiéndolos a estas situaciones, que son la expresión más brutal del abandono estatal.

En este marco, familiares de la víctima denunciaron penalmente a las autoridades del colegio, y ante la falta de respuestas con el apoyo de otros padres tomaron el establecimiento, para de esa manera impedir el ingreso de las autoridades. Con la protesta reclamaron  la renuncia de todo el personal directivo, y lograron que se hicieran presentes funcionarios del Ministerio quienes dieron lugar a la petición de la familia removiendo a los directivos y firmando el pliego de demandas de los padres.

Frente a este nuevo caso, es necesario seguir desplegando un programa integral que parta de la exigencia de justicia y atención para las víctimas, hasta el reclamo de la efectiva aplicación de la educación sexual como herramienta clave en la prevención y detección de abusos. Basta de abusos en el ámbito escolar, el Estado es responsable.