La Universidad de General Sarmiento da cuenta de la existencia de 1.241 barrios informales (asentamientos y villas de emergencia) en el conurbano bonaerense, que albergan a 400.000 hogares, esto es dos millones de personas. Estos barrios están en las orillas de arroyos y ríos, y no ofrecen ningún atractivo para el negocio inmobiliario. Para tomar solo algunos ejemplos en la zona sur del Gran Buenos Aires: en Florencio Varela carecen de agua potable el 34,5% de sus habitantes, y de cloacas el 69,3%; en Berazategui el déficit de agua potable alcanza el 12,16% y de cloacas el 25,31%, y en Quilmes no tienen agua potable el 8,38% y cloacas, 35%. Estas cifras se corresponden en gran medida con los barrios mencionados: Florencio Varela tiene 66 asentamientos, Quilmes cuenta con 65 y Berazategui con 13. Claro, si recorremos el resto del conurbano hallaremos en mayor o menor proporción este drama de enorme magnitud.

La niñez y la miseria

Cuando nos detenemos a ver la medida que alcanza este verdadero crimen social en la niñez, los datos son lacerantes: de acuerdo a datos de la Defensoría del Pueblo bonaerense ese déficit de vivienda abarca al 63,7% de los chicos de cero a diecisiete años. Los mismos corresponden a un 54,2% de pobres y 13,1% de indigentes. Si ahondamos más el déficit en la calidad de la vivienda es del 29,2%, los problemas de medio ambiente alcanzan un 52% (arroyos con aguas podridas o aguas servidas o zonas próximas a basurales) y el hacinamiento llega al 28,6%. El déficit en el saneamiento (falta de agua potable) llega al 63,6% de esos niños, y un 60% de ellos no tienen cloacas. Cabe decir que el 10,6% de la totalidad de los niños bonaerenses trabaja. Esto, desde luego que es tierra fértil para el coronavirus, pero como veremos afecta a la educación de esos niños.

Educación en época de pandemia y cuarentena

A nadie escapa que el hacinamiento, la mala alimentación y el trabajo infantil son factores que lesionan decisivamente el aprendizaje. Algo absolutamente irreparable. Sin embargo, esto no es todo porque la miseria también incide en la adquisición de material escolar, como así también en la deserción que alcanza un 10%, a pesar de que parte de la misma se ve disimulada por la concurrencia a comedores escolares del 37,7% de la totalidad de los niños bonaerenses, de lo cual no podemos inferir que aprendan, dadas las circunstancias descriptas.

Ahora, la situación ha adquirido mayor gravedad porque los padres de esos niños hacían changas que ya no pueden realizar o las patronales les han bajado los salarios o los han suspendido o despedido. Pero lo realmente significativo, especialmente en el contexto de la pandemia es que el 42% de la niñez bonaerense no tiene libros infantiles, el 52,7% no tiene computadora y el 52,3% carece de internet.

En estas condiciones en que el acto de aprendizaje, que es una interacción social que rechaza el aislamiento, en el que alumnos y docentes se relacionan pedagógicamente, y que requiere de la cercanía y de la orientación docente como guía para la construcción del conocimiento, el gobierno ha diseñado un plan de continuidad pedagógica en el que ignora olímpica y deliberadamente este escollo insuperable, aun con la existencia de los instrumentos tecnológicos. Sin embargo en el conurbano no se cumple ese supuesto ya que a la miseria existente se añade inevitablemente lo que hemos mencionado, esto es la ausencia de computadoras e internet. A sabiendas de esta realidad el gobierno provincial y la dirección general de cultura y educación se han lanzado a la caza y persecución de docentes reclamándoles que rindan cuentas sobre las clases virtuales (sin que esto sea susceptible de ser cumplido), la corrección de actividades y evaluaciones, sin respetar horarios y apercibiendo a los docentes. Esto es una avanzada del gobierno que tiene la finalidad de disciplinar a la docencia, amedrentándola con posibles sanciones. Es una acción llena de cinismo que pretende desconocer la realidad y atribuirle a la docencia la responsabilidad de las carencias existentes. Ya ha habido respuestas de docentes de algunas escuelas del conurbano contra la persecución. Las mismas hay que extenderlas. Los sindicatos deben convocar a reuniones de delegados virtuales con esa finalidad y deben votar un programa de reclamos.

La educación está inscripta en un envoltorio social y su perspectiva está atada a la resolución del conjunto de los obstáculos planteados para su progreso. Por eso es necesario un plan de viviendas, la construcción de redes de agua potable y cloacas, la satisfacción inmediata de los problemas alimentarios con la provisión de alimentos a los comedores populares de los barrios, con un salario para los desocupados y cuentapropistas de $30.000, la prohibición de despidos y suspensiones, el saneamiento de los arroyos, y en estas circunstancias una red de internet gratuita que abarque los barrios del conurbano y la provisión de computadoras a todos los alumnos. Para esto, es urgente el desconocimiento de la deuda usuraria (contraída por Scioli y Vidal) de once mil millones de dólares, y un impuesto progresivo de emergencia al gran capital y las grandes fortunas con los cuales deben financiarse esos gastos. Estamos en medio de una crisis del capital agravada por la pandemia. Esta vez hagamos que la paguen los capitalistas.