Si algo necesitaba el gobierno para “respaldar” la segmentación tarifaria y los tarifazos contra la población trabajadora es que el servicio energético pasara la prueba del primer golpe de calor, pero no fue el caso. Las distribuidoras del servicio de luz dejaron a más de 500.000 mil usuarios del Amba sin servicio, durante el fin de semana largo, debido a la nula inversión, aumentando las presiones para una mayor liberalización de las tarifas.

En efecto, un 10% del total de los usuarios de Edesur y Edenor (570 mil usuarios sobre 5,7 millones de hogares) fueron afectados en la provisión del servicio eléctrico durante el fin de semana de este jueves 8, viernes 9 y sábado 10 de diciembre, con cortes de luz y una saturación del sistema de distribución eléctrica que llevó al colapso a falta de inversión previa.

Desde el Enre –organismo regulador del Estado- manifestaron que las empresas habrían presentado unas 24 horas antes un informe con las posibles “contingencias” para el trimestre enero/febrero/marzo y su plan de “contención”, pero la realidad se impuso sobre los compromisos truchos de las distribuidoras.

El gobierno, en cabeza del interventor del Enre Walter Martello, anunció que sancionará a las empresas distribuidoras con nuevas multas, que se suman a las ya aplicadas durante los últimos tres meses y que ascienden a los $980 millones ($687 Millones a Edesur y $293 Millones a Edenor).

Se trata de una metodología “eterna” que no interfiere en nada en la mejora del servicio y que no afecta a las concesionarias privadas. Para darse una idea, Edesur y Edenor mantienen una deuda de 502 mil millones de pesos con el Estado por la energía que distribuyen y facturan pero no le pagan a Cammesa. Se trata de un importe que supera las 500 veces las multas del gobierno.

El gobierno reconoce que el problema es la “falta de inversión crónica”, pero no solo no hace nada para revertir esta situación (apertura de los libros de las empresas, auditoría, intervención de las operaciones, etc.) sino que además premia a las patronales con la segmentación de tarifas y con determinadas libertades económicas.

La quita del artículo del Presupuesto 2023 que preveía la aplicación de tarifazos a 90 días con el propósito de liquidar las deudas con Cammesa, no obsta a que las patronales se sigan beneficiando de la toma de energía “gratis”, y no se descartan nuevas segmentaciones y negociaciones para “compensarlas”.

Lo que está claro es que las concesionarias privadas del servicio de distribución eléctrica no invierten un peso en la mejora del tendido y la infraestructura eléctrica, ni mucho menos en los equipos técnicos y dispositivos de emergencia para restablecer el servicio ante las contingencias y la saturación por altas demandas. En su ecuación resulta más “barato” ser multados por el Estado que invertir, ya que esas multas muchas veces no se pagan, o son sometidas a procesos contenciosos y/o significan una porción menor al gasto de la inversión necesaria.

El gobierno es cómplice del desfalco de las patronales y del mal servicio, jugando al gato y al ratón con las empresas prestatarias para esconder su responsabilidad, allanando el camino para futuros tarifazos.

El suministro eléctrico no puede estar en manos de estas patronales parasitarias que viven del Estado, lo que requiere la apertura de los libros de las empresas del sector a trabajadores y usuarios,  la intervención de toda la cadena energética y un plan de inversión y refacción de todo el sistema de distribución energético, con la ampliación de la planta de trabajadores, el fin de la tercerización laboral y la atención de las emergencias y contingencias a tiempo para restablecer el servicio a los usuarios.

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