El gobierno nacional anunció el establecimiento de un “monitoreo” de los créditos UVA por parte del Banco Central, para evitar que las cuotas superen el 35% de los ingresos familiares. Se trata de una medida de rescate de la banca, que plantea prórrogas, postergaciones y financiación… para asegurar que sigan pagando.

La medida fue difundida por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, quien la anunció como una “salida” para las decenas de miles de hipotecados UVA. Desde el gobierno hablan de “subsidios” para los casos donde las cuotas excedan lo estipulado, pero todo indica que se trataría de los refinanciamientos que operan en la actualidad.

En efecto, el Decreto 767/20 ya establece que las entidades financieras deberán ofrecer alternativas para los casos donde las cuotas superen el 35% de los ingresos de los deudores y codeudores. Sin embargo estas “informan” que el 90% de los hipotecados no se vería implicados, según proyecciones realizadas con datos ofrecidos por el Indec.

Los mecanismos alternativos que ofrecen las entidades son similares a los que negocia el gobierno con el FMI y los usureros internacionales: prórrogas, aplazamientos y reestructuraciones de deuda. Para dar una idea de cómo opera esto, desde el Banco Nación indican que la diferencia que exceda el 35% será convertida a Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) y refinanciada para ser pagada al término del cronograma vigente: la deuda eterna.

Recordemos que las cuotas de los créditos UVA saltaron por las nubes debido a que se encuentran vinculados a la evolución de la inflación. El gobierno detuvo los aumentos durante parte de la pandemia, pero el descongelamiento trajo aparejada la aplicación de los aumentos acumulados (convergencia), esquema que está estipulado que finalice en julio del 2022.

El gobierno afirma que los casos de morosidad son insignificantes, pero omite señalar que esto se debe a que los pagos son debitados automáticamente de los salarios de los hipotecados, generando que los síntomas de esta situación acuciante se manifiesten en otros recortes de las economías domésticas.

Actualmente se calcula que existen unos 105.000 créditos UVA, de los cuales entre el 75 y el 80% se encuentran bajo la órbita de la banca pública, con preeminencia del Banco Nación (48.627), y los restantes se distribuyen entre la banca privada, nacional y extranjera. Lo que el gobierno ofrece a este universo como novedades no es más que un plato recalentado, en medio de una crisis  habitacional galopante. No se plantea ninguna medida de fondo que desvincule a los créditos UVA de la inflación creciente.

Las cuotas de los créditos hipotecarios no deberían superar el 25% de los ingresos familiares, ni actualizarse por arriba de los salarios y recursos económicos de los trabajadores, de lo contrario se torna imposible su cumplimiento y cancelación. Una salida de fondo exige además la nacionalización de la banca, sin pago y bajo control obrero, y el emprendimiento de un plan de obra pública y viviendas para satisfacer una demanda habitacional creciente.

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