Crónica de la resistencia por la tierra en Barrio Nuevo Zárate

Ya se cumplen tres meses de la resistencia de los vecinos de Barrio Nuevo al desalojo violento por parte de un amplio operativo integrado por personal municipal, fuerzas de seguridad locales, Policía bonaerense, Infantería, Caballería y maquinaria pesada, que ingresó a estos terrenos, donde viven unas 200 familias. El procedimiento culminó con la demolición de viviendas y el desplazamiento de vecinos, lo que fue calificado por estos y organismos de DDHH, como un “desalojo de hecho”.

El 14 de julio se produce la irrupción de las máquinas y las fuerzas de seguridad; los días siguientes se multiplicaron las protestas y reclamos de los habitantes. El 16 de julio, el Ejecutivo municipal defendió públicamente la medida, alegando que se trataba de un predio usurpado con construcciones no autorizadas. El intendente Matzkin habló de “hacer cumplir la ley” y se refirió al episodio como el desalojo del barrio La Laguna.

El intendente se acuerda de la ley y de la cuestión habitacional cuando hay un negocio probable o privados interesados en tierras que solo llamaron su atención cuando fueron puestas en valor por las familias, recuperando un terreno ocioso y con lo que tuvieron a mano, ya que no hay planes de vivienda desde hace años en Zárate; ni durante el gobierno "PJ-K socialista" anterior, ni en el actual de los campeones de la transparencia que no es tal, por lo que sigue: el 20 de julio, la APDH presentó un informe formal, señalando que las viviendas estaban habitadas, que hubo pertenencias destruidas y que no se exhibió una orden judicial de desalojo. Según testimonios, unas 30 personas fueron afectadas directamente, aunque no existe un registro oficial de cuántas casas fueron demolidas.

El municipio argumenta una orden judicial que no aparece y sostiene que hubo notificación previa (que no puede ser ante la negación a otorgar domicilio a las casas y a que nadie del municipio se presenta en el barrio salvo a reprimir) y que las casas no estaban habitadas; los vecinos denunciaron lo contrario: la prueba más cruda de esto fueron las madres delante de las topadoras defendiendo su casa y sus hijos dentro.

El conflicto expone un trasfondo de vulnerabilidad habitacional y ordenamiento territorial, con una intervención del Estado municipal que lejos está de aportar solución al problema de vivienda, sino que todo lo contrario, apunta al negocio inmobiliario, ejerciendo violencia institucional en nombre de la legalidad, a lo Macri.

Qué dice la “oposición”

Tras la firmeza de los y las vecinas y una audiencia en el Concejo Deliberante, donde se reforzó el pedido de reconocimiento de la posesión y urbanización del barrio, el bloque que responde a la diputada Propato y al ex ministro de Seguridad Berni, presentó un expediente donde se plantea un procedimiento garantista y participativo, para evitar una intervención abrupta y conflictiva, que no cumpla con los pasos previstos: relevamiento, aprobación legislativa, participación vecinal y transparencia. Y menciona puntos sensibles, como la vulnerabilidad del barrio a inundaciones y otras cuestiones.

Supuestamente, la norma busca evitar que lo sucedido allí se repita, estableciendo un marco legal que convierta la relocalización en un proceso planificado, informado y consensuado, pero en realidad es un intento de suavizar la postura vecinal y conseguir el desalojo de manera voluntaria, ya que no especifica y de hecho no existe un plan de relocalización previo ni tampoco explica dónde y cómo sería esa relocalización.

En esencia, el proyecto de FP resulta vacío: mientras los vecinos defienden sus hogares, sus familias y pertenencias en un territorio que habitan y buscan mejorar desde hace años, el municipio avanza con intentos de desalojo. El documento del FP, lejos de solidarizarse con ellos, se limita a “estudiar” la situación socioambiental sin ofrecer garantías mínimas de dignidad ni prever cómo actuar ante una emergencia. Eso sí, dedica espacio a remarcar que no se autoriza la cesión de terrenos bajo ningún formato.

Cómo sigue la resistencia

Luego del violento intento de desalojo, los aprietes e intentos de cooptación, la gente del barrio sigue mejorando las parcelas, abriendo calles, limpiando la laguna que las cruza y reclamando por el reconocimiento como barrio y la posibilidad de la posesión como ya se ha logrado en El Golfito, otro barrio que enfrentó la represión y las topadoras hasta lograr el objetivo de tener un pedazo de tierra para construir vivienda, una lucha que ya cumplió un año.

El punto en común más importante de estas luchas es la férrea organización barrial que pone en práctica no solo la asamblea y movilización sino que interpela a los organismos oficiales a cumplir con lo que debe responsabilizarse el Estado: el bienestar de los trabajadores facilitando el acceso a la vivienda, el trabajo genuino y el derecho a ser parte de un entramado social que no debe hacer diferencias entre ciudadanos.

Exigimos para el Barrio Nuevo lo mismo que para el resto de los barrios: urbanización, elderecho a un domicilio, infraestructura sanitaria, y la creación de un plan de viviendas que genere trabajo para los mismos habitantes del barrio y otros trabajadores de la ciudad.