Hemos mencionado en estas páginas que dos límites indiscutibles de la política de precios congelados del gobierno son, por un lado, que alimentos básicos como la carne y las verduras, que baten récord de aumentos, no se hallan dentro de la nómina, y, por otra parte, que no existe ningún tipo de regulación en los comercios de cercanía, los cuales concentran el grueso de la demanda en los barrios. Así es como la Canasta Básica de Alimentos aumentó un 5,77% en el conurbano bonaerense durante el mes de noviembre.

El dato surge de un relevamiento mensual realizado por Isepci (Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana) de precios de la Canasta Básica de Alimentos en 600 comercios de veinte distritos del conurbano bonaerense. Mientras en octubre el mismo informe arrojaba que una familia tipo necesitaba $29.515,34 para alimentarse, en noviembre esa cifra ascendió a $31.219,46.

En los comercios de cercanía es donde más se ha sentido el alza en los precios de la carne y las verduras. Los mismos tuvieron un aumento del 12,20% y del 3,60% respectivamente. Los productos de almacén, en cambio, experimentaron un incremento más moderado, del 1,77%.

Los cortes de carne que más subieron en noviembre fueron el asado (17,57%), la carnaza (10,17%), la picada (11,32%), el espinazo (20%), el hígado (8,70%), la nalga (14,47%) y la paleta (12,36%).

En cuanto a las verduras y las frutas, los aumentos más importantes del mes se dieron en la acelga (9,09%), la lechuga (4,17%), la zanahoria (7,14%), el zapallo (5,88%), la papa (20%), la banana (3,45%) y la pera (11,54%).

Por su parte, los alimentos de almacén con mayores aumentos en noviembre fueron el pan (3,57%), la harina de trigo (3,08%), el azúcar (6,25%), los fideos guiseros (3,08%), el dulce de batata (8,70%), la mermelada (10%), el queso crema (5,27%), el queso de rallar (5,88%) y las gaseosas (5,26%).

Estos aumentos por encima de la inflación general tienen lugar en un territorio arrasado por la pobreza y el desempleo. Los datos oficiales arrojan que el 45,3% de las personas que habitan el Gran Buenos Aires es pobre y el 13,8% se encuentra sumido en la indigencia. A su vez, la tasa de desocupación asciende al 10,2%. En ese sentido, según un estudio elaborado por la Universidad de General Sarmiento (UNGS), “en el conurbano más del 60 por ciento de la población sobrevive con actividades económicas informales (…) y la principal preocupación es la falta de trabajo” (Página 12, 23/9).

El encarecimiento de los alimentos que aqueja a los sectores populares es responsabilidad de un gobierno que se ha cansado de reeditar medidas inocuas para controlar los precios, mientras preserva el comercio exterior en mano de un puñado de monopolios, pavimentando, entre otras cosas, que la suba de los precios internacionales de las materias primas se traslade sin más a las góndolas locales. Por otra parte, su sumisión ante los capitalistas le impide al oficialismo abrir los libros de las empresas que intervienen en la cadena comercial, a fin de evaluar los costos reales y combatir verdaderamente la formación de precios.

A su turno, tanto Alberto Fernández como Kicillof impulsan políticas profundamente inflacionarias, como la fuga de capitales (incluyendo el pago de la deuda), artífice de la brecha cambiaria actual y las presiones devaluatorias, y los aumentos en los servicios públicos planificados para el año entrante, bajo la forma de “tarifas segmentadas”, que constituirán sin dudas un duro golpe al bolsillo popular. Como vemos, las medidas gubernamentales para controlar los pecios, además de fracasadas, no pasan de una puesta en escena.

Son quienes gobiernan, además, los primeros en promover topes a las paritarias y la extensión de un régimen de informalidad laboral donde se agrava la miseria salarial. Deteriorando así, los ingresos del conjunto de los trabajadores, con lo que parar la olla se vuelve cada vez más difícil para millones de familias. Lejos quedaron las promesas gubernamentales sobre la vuelta del asado y la heladera llena, en cambio, inauguraron su gestión reponiendo el IVA a los productos de la canasta básica y no hicieron más que profundizar la carestía.

El bienestar que nos niegan debemos conquistarlo por medio de la lucha. Para recomponer nuestros ingresos necesitamos un salario mínimo igual a la canasta familiar, paritarias sin techo indexadas a la inflación, jubilación mínima de $75.000 y 82% móvil, trabajo bajo convenio para todos, abolición de impuestos al consumo como el IVA, prohibición de despidos y suspensiones y reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario.

Para terminar con la formación de precios y la escalada inflacionaria es preciso abrir los libros de la cadena de valor, en función de evaluar los costos reales, y reorganizar la economía sobre nuevas bases sociales. Lo anterior implica nacionalizar bajo control obrero la banca y el comercio exterior, romper con el FMI y repudiar la deuda usuraria a fin de dirigir el ahorro del país a un plan de desarrollo nacional, poniendo por delante las necesidades populares.

El 11 de diciembre en la Plaza de Mayo vamos a rechazar el acuerdo con el Fondo, que implicará una mayor confiscación hacia las mayorías, contraponiéndole una salida a la crisis por parte de los trabajadores.