El pasado 11 de julio la ONG Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos publicó la denuncia de tres personas que habrían sufrido abuso sexual por parte de Franco María Lütens, cura de la parroquia María Madre del Pueblo ubicado en el partido de Berazategui. 

El caso está a cargo de la fiscal Bárbara Velazco de la fiscalía N° 8 de Quilmes. La carátula de la denuncia es “abuso sexual doblemente ultrajante con acceso carnal agravado por haber sido cometido por un ministro de culto” (Perfil, 13/11/24).

Recientemente, el obispo de Quilmes, Carlos Tissera, apartó a Lütens de todas sus actividades pastorales y el Equipo de protección de menores y adultos vulnerables de la diócesis de Quilmes “dio inicio a la investigación formal en el ámbito eclesial, que recomendó el Papa Francisco a todas las conferencias episcopales del mundo”. Es el mismo Bergoglio que cuando fue presidente del Episcopado protegía a Grassi, quién recientemente peticionó la libertad.

La psicóloga integrante del SAE, Liliana Rodríguez, expresó que podrían haber más casos pero la fuerte indicación de la iglesia católica de abrir equipos técnicos para recibir las denuncias impediría a avanzar en la causa, y desaconsejó realizarlas en la justicia episcopal por el motivo de la re victimización a la que se verían sometidos los denunciantes, ya que dicha institución no castiga los abusos si no que los perdona (Radio Splendid, 15/11/24). Además por la red de encubrimientos que existen al respecto de los casos en los que se ven involucrados curas abusadores y pedófilos. También manifestó que “yo no soy quien para acusar pero entiendo que Tissera sabía de las atrocidades cometidas por Lütens pero no accionó. En su momento lo removió de la Parroquia Señora del Buen Ayre, pero él siguió ejerciendo como cura” (Clarín, 12/11/24) .

Lütens todavía no se presentó ante la justicia y se espera que la próxima citación a pericias el 26 y 27 de noviembre se presente. Otra particularidad del caso es que cuenta con una protección desde el poder judicial ya que tiene un primo fiscal en San Luis y actualmente cursa la carrera de Psicología en la Universidad Abierta Interamericana en Berazategui, cuyas autoridades nada han hecho al respecto. Lo más inquietante es que usaría los conocimientos en materia de psicología como herramienta para mejorar su modus operandi, doblemente agravante ya que el Episcopado le dio a cargo una comunidad barrial sumida en la pobreza por los sucesivos gobiernos y vulnerable a todos los ataques recibidos por parte del gobierno de Milei, que le saca los alimentos a los comedores de la que son parte las organizaciones como el Polo Obrero que se organizan y luchan, y no están sometidos a un mandato de sumisión como pregonan las iglesias.

Evidentemente, este mecanismo de denuncia dentro de la institución religiosa lejos de buscar justicia  busca frenar las causas en una red de encubrimientos para frenar y dilatar los procesos judiciales que re victimizan a la espera de los juicios.

Exigimos juicio y castigo a todos los responsables, abusadores y encubridores.

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