25/11/2020
SIN TECHO

Desalojo encubierto a 17 familias en San Cristóbal en CABA

Durante la madrugada del sábado 21, en el barrio porteño de San Cristóbal, fueron desalojadas 17 familias con la excusa del peligro de derrumbe por un incendio en el edificio lindero.

Las causas que iniciaron el fuego habrían sido dos bombas molotov lanzadas casi al mismo momento en que fue asesinado con dos disparos de arma de fuego uno de los moradores más antiguos del inmueble.

El incidente, que terminó con unas 70 personas en la calle, fue precedido por amenazas y visitas de grupos empresarios que les ofrecían a los vecinos comprarles sus viviendas.

La primera representación del Gobierno de la Ciudad -obviando las decenas de policías que fueron la única compañía constante del Estado- que se acercó al lugar fue por parte del Plan Buenos Aires Presente (BAP) y sólo facilitó, en estos tres días, unos paquetes de galletitas y algunas botellas de agua para los niños. La única solución que proponían era el traslados de las familias a los paradores para personas en situación de calle. Ante esto, los vecinos se negaron conociendo la situación de hacinamiento e inseguridad con la que se vive en esos lugares.

Unos de los vecinos comentó que el confort que brindan dichos refugios solo se compara con las cárceles o manicomios. Otro, descartó la posibilidad por el riesgo al que expondría a sus hijas en un lugar como ese. El mismo sábado, se comprometieron a traer más comida que nunca llegó.

La única vía que los funcionarios del BAP ofrecían para destrabar el conflicto era que se aceptara la reubicación en paradores -solo de las personas, dejando sus pertenencias- y la promesa del inicio de la tramitación de un subsidio habitacional el día martes.

Desde el domingo, la camioneta del 108 (BAP), es un patrullero más. Lo cual no es poco, teniendo en cuenta que durante la mañana del incendio se movilizaron no menos de 50 policías con sus respectivas motos, patrulleros y furgonetas.

De no haber sido por la solidaridad que desde el primer momento mostraron los vecinos de la zona y agrupaciones sociales, estas familias hubieran quedado sin ningún tipo de asistencia. Esta solidaridad se basaba en la claridad de que el incendio era una maniobra para dejar a familias trabajadoras en la calle, con la intención de favorecer a grupos empresarios dedicados a la especulación inmobiliaria.

El lunes por la tarde se acercó gente de asesoría tutelar, que actuó de oficio por una nota que les habían hecho llegar sobre lo ocurrido. Los vecinos les plantearon sus necesidades (comida, baños químicos, frazadas y algo para cubrir sus pertenencias dado la inminencia de la lluvia). Los funcionarios se comprometieron a cumplir con estos pedidos.

Por la tarde, acompañados por distintas organizaciones sociales entre las que se incluía el Partido Obrero y el Polo Obrero, se realizó una asamblea en la que los vecinos trazaron un plan de acción: la defensa de su vivienda y si, en base a la pericia, el edificio no es habitable el Gobierno de la Ciudad debe garantizar que tengan acceso a una vivienda digna.

El martes 24 a las 14 horas se hizo presente el juez pero sin poder garantizar un perito técnico por parte del Gobierno de la Ciudad, como lo solicita la cautelar en curso. La misma medida establecía el compromiso estatal de garantizar a los vecinos, fraudulentamente desalojados, “la satisfacción de sus necesidades básicas, especialmente alimentos, agua potable, abrigo, elementos de higiene y soluciones sanitarias”.

Esto no es un hecho aislado, sino que es algo que se replica en toda la Ciudad de Buenos Aires. La misma situación la padecen los vecinos de viviendas recuperadas, acosados con órdenes de desalojo, como es el caso de la casa de Santa Cruz y la Pedro de Mendoza. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y su Legislatura, con la complicidad de la oposición patronal, viene desarrollando una política a favor del negociado inmobiliario, mientras se desfinancia la ley 341, se reduce el presupuesto del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, no se avanza con las urbanizaciones ni se tiene un plan de viviendas que de respuesta al enorme déficit habitacional que sufren los trabajadores.

Los vecinos, hoy en situación de calle, de la casa de Pavón al 2.300 luchan por el acceso a la vivienda digna y el Gobierno de la Ciudad tiene que garantizar una vivienda transitoria y una solución habitacional definitiva. Techo por techo. Con este planteo de fondo, hasta mañana, los vecinos estarán expectantes a que el gobierno cumpla lo pautado en la cautelar respecto al perito que debería evaluar el riesgo de derrumbe del inmueble y, por lo tanto, la recuperación de sus hogares.

En caso de un nuevo incumplimiento, ese día a las 17 horas se convocará a una asamblea para ver cómo se continúa el plan de lucha por las reivindicaciones.

 

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