14/01/2021
COVID-19

Dióxido de cloro, los derechos del paciente y la responsabilidad del Estado

Polémica por el fallo del juez que obligó a profesionales de la salud a administrar la sustancia tóxica.

El dióxido de cloro aparece nuevamente en escena, esta vez con una polémica mayor. En este caso, un hombre de 92 años contagiado con coronavirus murió luego de que la Justicia Federal ordenara el tratamiento de nebulizaciones con ibuprofeno de sodio y dióxido de cloro intravenoso. A su vez, el tratamiento había sido recetado por el médico neurólogo del paciente.

La polémica se desata por el fallo del juez que obligó al Sanatorio Otamendi, donde el hombre se estaba tratando, a suministrarle una sustancia que no está aprobada por la Anmat y que es sencillamente peligrosa para la vida de una persona. Para ser claros: el dióxido de cloro es una sustancia que se utiliza como blanqueador en las fábricas que producen papel o en las plantas de tratamiento de agua y resulta tóxica para la vida humana. No hay evidencia científica de que sea eficaz para el tratamiento de Covid-19; sí la hay para decir que reacciona rápidamente con los tejidos humanos y que puede causar efectos muy nocivos en el cuerpo de una persona, como irritación en el esófago y estómago, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea e intoxicaciones severas, entre otras complicaciones que pueden incluir graves trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales.

Sin embargo, en el último tiempo, varias personas y, lo que es más peligroso, personajes públicos se sumaron a bancar este «tratamiento» que lo único que hace es reforzar el alejamiento de la sociedad del conocimiento científico y de los cuidados a consciencia, sobre todo en un periodo donde el gobierno deja a su suerte a gran parte de la población en materia sanitaria y los cuidados personales-individuales pasan a tomar un rol importante. Es el caso de Viviana Canosa, a quien se le suma al estar en contra del aborto y de las vacunas el hecho de haber tomado dióxido de cloro en vivo; días después falleció un nene de 5 años por beber dicha sustancia.

Hoy, el eje está puesto en la responsabilidad del juez por fallar en favor del suministro. Sin embargo, el problema principal radica en la incertidumbre que hay en torno al tratamiento por coronavirus, a la falta de respuesta del Estado y el abandono a su suerte de la población en su conjunto.

Estas cuestiones terminan acercando aún más a tratamiento o creencias muy alejadas de la evidencia científica, sobre la base de la desesperación y la falta de información y asistencia cuando una persona se contagia con coronavirus. En un contexto en el cual el crecimiento de los contagios es exponencial, el Estado no da respuestas concretas para solucionar la cuestión más que hacer demagogia con una vacuna que, encima, no genera confianza por el cambio de rumbo y de discurso constante del gobierno.

Tampoco se puede ignorar que los avances en otro tipo de tratamientos son pocos y se hacen sobre la precarización de los científicos e investigadores, mientras que los grandes pulpos farmacéuticos -a los cuales se tienen que asociar debido al desfinanciamiento de los institutos nacionales- se nutren del conocimiento de los mismos y los transforman en mano de obra de muy bajo costo.

Los avances, como el suero equino hiperinmune, se celebran y se acompañan del reclamo por mejores condiciones laborales y salariales. La lucha hoy es por una ciencia y salud pública orientada a los intereses de las grandes mayorías.

 

 

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