A principios de esta semana se viralizó una denuncia de Sofía Ortiz, modelo plus size tucumana, contra Bruto, el conocido boliche de Playa Grande en Mar del Plata. Al igual que en otras ocasiones, los supuestos estándares de admisión del lugar devienen en actos discriminatorios contra las diversidades, por su orientación sexual y de género, por su clase social y en este caso por su aspecto físico.

Sofía denuncia que junto con sus amigas reservaron un box para poder acceder al boliche, de acuerdo a las disposiciones sanitarias del lugar y que, en el momento de entrar, la única que quedó afuera fue ella. Ante esta situación la modelo pidió explicaciones al personal de seguridad y recibió como respuesta varias excusas, entre ellas: que el lugar solo admitía personas mayores de 21 años (Sofía tiene 24), que la reserva y la invitación ya había caducado y que debía pagar la entrada, y que el lugar había completado su capacidad, cuando la joven relata que la gente seguía ingresando. En fin, excusas para negar la entrada a personas que no cumplen con el target que el boliche se jacta de poseer.

El caso tomó relevancia gracias a la difusión en redes sociales y a la cobertura de los medios televisivos, al punto de lograr la intervención del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). A partir de ello, el boliche sacó un comunicado lamentando las malas interpretaciones de su accionar y anunciando que para “evitar futuros desaciertos” capacitará a su personal en “Buenas prácticas respetuosas de los Derechos Humanos en el sector turístico” bajo la supervisión de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Municipio.

Ahora bien, la supuesta capacitación al personal muestra sus límites al reducir el problema a actitudes personales del staff del boliche, cuando en realidad la directiva de mantener un cierto perfil de exclusividad, negando el ingreso de aquellos que atenten contra su heteronormatividad, proviene de los dueños del boliche y ya han sido denunciados en otros veranos por acciones similares. La imagen y la popularidad de Bruto se construyen en base a esta exclusión.

El gobierno de Montenegro, intendente de la ciudad, llevó adelante una campaña para garantizar la apertura de los boliches a cualquier costo. Incluso antes de que fuera autorizada la reapertura de locales gastronómicos, declaró que no iba a sancionar a quienes  abrieran, por supuesto sin protocolos ni controles.

La impunidad garantizada se evidencia en el uso oportunista que hace Bruto de los protocolos sanitarios, estos son flexibilizados con el objetivo de tener más ganancias y son reforzados o se vuelven más estrictos, utilizándose de manera discriminatoria, contra las diversidades.

Apoyamos la iniciativa de activistas independientes que convocan acciones de repudio ante estos actos discriminatorios de los derechos de las diversidades. Denunciamos la impunidad garantizada por el Estado y llamamos a la juventud a reforzar su organización independiente.

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