17/06/2015 | 1368

El «AFAgate» promete otra crisis política


El FBI acusa al secretario general de la Fifa, Jerome Valcke, de haber dispuesto transacciones bancarias por 10 millones de dólares para pagar de coimas, pero la portavoz de la entidad aseguró que quien dispuso esos pagos fue el vicepresidente Julio Grondona, el gran socio del gobierno en Fútbol para Todos (FpT), merecedor de siete días de duelo nacional cuando murió poco después de advertir que «no puedo atajar todos los penales». Según el FBI, Grondona fue receptor de coimas por 15 millones de dólares para asignar las sedes de dos ediciones de la Copa América (una de ellas la de Chile, que se juega en estos días).


 


Entretanto, la jueza María Servini de Cubría acelera la causa que investiga trapisondas varias en el manejo del contrato entre la AFA y el gobierno en ese agujero negro financiero que es Fútbol para Todos. Entre otras perlas, de los 2.957 millones de pesos que el gobierno le lleva transferidos a la AFA, hay 179 millones sin respaldo documental alguno. Como 179 millones son más o menos 15 millones de dólares en la cotización «blue», no faltan quienes sospechan que de las arcas estatales salió el dinero que solventó las coimas cobradas por «don Julio».


 


Además, se detectaron anomalías en la venta de espacios publicitarios desde los comienzos de FpT; por ejemplo, a pesar de la inflación, la automotriz Iveco le hace al gobierno pagos decrecientes. Peor aún, no sabe dónde están los camiones que esa empresa entregó en pago por la publicidad durante los partidos. También hay irregularidades en los contratos por televisación con otras empresas, especialmente con Torneos, cuyo CEO, Alejandro Burzaco, se ha transformado, para mal del gobierno, en informante del FBI.


 


Servini le ha pedido un informe a la Auditoría General de la Nación (AGN), cuyo presidente, Leandro Despouy, ya firmó en el pasado reciente un peritaje aplastante sobre los hechos delictivos en Fútbol para Todos. Aquel informe no prosperó porque lo impidieron los cuatro representantes del gobierno en la AGN. Ahora, el cerco judicial sobre el gobierno empieza a ajustar otro nudo, esta vez por el lado del fútbol.


 


En este asunto nadie tiene limpia la ropa interior. Mauricio Macri menos que cualquier otro, porque bastaría destapar sus negociados mientras fue presidente de Boca, incluidos los contratos con Jorge «Fino» Palacios y el espía Ciro James para que se hicieran cargo de la seguridad del club en sociedad con la barra brava (con el «Fino», el presupuesto de seguridad de Boca saltó de 2 a 15 millones de pesos anuales). Tampoco el grupo Clarín, socio de Burzaco en Torneos. El gobierno es el principal cliente de Torneos, que le vende servicios de producción para los partidos del Nacional B y los de Primera A que se emiten en HD. Por esos rubros, la Casa Rosada depositó 44.237.991 pesos en la cuenta de Torneos entre 2010 y 2012.


 


Ahora, los manejos mafiosos de la AFA prometen hacer desfilar por Tribunales a los tres jefes de gabinete de CFK: Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich y el actual, Aníbal Fernández. Un escándalo en regla.


 


Muchos en el gobierno miran a Asunción, donde Nicolás Leoz, mandamás del fútbol paraguayo y ex presidente de la Conmebol, trata de eludir su captura, internado en una de las tantas clínicas privadas de las que es propietario. Leoz, digamos al pasar, es otro «grondonista» histórico.


 


Están hasta las manos.


 


 


 

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