Las denuncias de Lucas Benvenuto dan cuenta, por un lado, de que las redes de pedofilia operan bajo el manto de impunidad que les proporcionan los dueños del poder, y, por otro, que el sinfín de vulneraciones que les toca atravesar a las infancias en este régimen social las deja completamente expuestas al accionar de los pederastas y explotadores de niños y niñas.

Dentro de las privaciones que dejan indefensas a las niñeces, se encuentra la falta de información adecuada para poder detectar e incluso prevenir abusos sexuales en la infancia. El propio Lucas expresa en sus testimonios que pudo identificar que había sido víctima de corrupción de menores tiempo después de producidos los hechos. Sucede que los pedófilos utilizan mecanismos perversos de manipulación para conseguir el silencio de sus víctimas y el Estado no proporciona ninguna herramienta para que le niñe inmersx en esa situación pueda expresar lo que le está ocurriendo.

Todos los gobiernos, al empoderar a las iglesias, bloquean la aplicación efectiva de la ESI desde el nivel inicial, cuyos contenidos ayudarían a reconocer situaciones de violencia sexual en las infancias. Se les enseñaría a lxs más pequeñxs a nombrar adecuadamente sus partes íntimas, a comprender por qué otras personas no pueden acceder a ellas y que sepan que están habilitadxs a negarse a cualquier interacción que tenga que ver con su cuerpo. A su vez, la ESI trabaja sobre el autoestima y la afectividad de niñxs y adolescentes, algo fundamental dado que los abusadores se suelen aprovechar de la falta de cuidado que padecen esos menores para lograr acercarse a ellxs.

Es un instrumento de gran potencialidad. Según el Ministerio Público Tutelar (MPT) de la Ciudad de Buenos Aires, en 2019 el 80% de lxs niñxs y adolescentes que denunció abuso sexual lo hizo luego de haber tenido una clase de ESI, que les permitió resignificar conductas abusivas. Ahora bien, son muy pocos los establecimientos educativos donde la educación sexual se imparte adecuadamente, puesto que la propia ley sancionada en 2006 (nro. 26.150), en su artículo 5, permite que los contenidos se adecuen al ideario de cada institución, habilitando la injerencia oscurantista dentro de los mismos.

Además, al no ser una normativa de orden público, los gobernadores de las provincias no están obligados a implementarla, dando como resultado que en aquellas con mayor ascendente de las instituciones religiosas no exista educación sexual laica y científica. A su vez, los diseños curriculares de las carreras de formación docente contienen poco y nada de capacitación en ESI y las ofertas para formarse de manera gratuita en la temática son sumamente escasas.

Así las cosas, según una encuesta de la Fundación Huésped, el 80% de lxs alumnxs de todo el país considera que la ESI “no se aplica de forma adecuada en las escuelas”. Entre otros problemas, los materiales que provee el Ministerio de Educación no hablan del derecho al aborto, invisibilizan a la diversidad sexual y de género, y, en lugar de abordar las múltiples dimensiones de la sexualidad, tienen un sesgo biologicista. Esto, sumado al ajuste presupuestario y a que rara vez se ponen a disposición espacios curriculares específicos de ESI en nivel inicial, primario y secundario.

Por eso, desde el Frente de Izquierda hemos impulsado proyectos en los parlamentos por la derogación del artículo 5 de la ESI, en función de que sea laica, científica, desprovista de prejuicios religiosos y respetuosa de la diversidad sexual y de género. Al mismo tiempo, planteamos que los contenidos curriculares de la ESI deben ser elaborados por los sindicatos docentes, centros de estudiantes y organizaciones de mujeres y diversidades.

Ante la ausencia de una educación sexual que pretenda echar luz sobre las aberraciones que sufren las infancias, se imponen los preceptos reaccionarios que promueve este sistema en alianza con el clero. Principios basados en la violencia adultista que invalida la palabra de las niñeces, en naturalizar que los más débiles sean sojuzgados y en el ocultamiento de cualquier vejamen que se produzca al interior de la familia. Todo para preservar dicha institución, que es la principal unidad de reproducción del capitalismo, y, como tal, no escapa a su decadencia histórica.

Finalmente, el Estado protege a los pedófilos y desampara a las víctimas porque el abuso sexual en la infancia es ante todo un mecanismo de disciplinamiento social, que busca crear sujetxs sometidxs. Lo anterior explica la falta de control estatal sobre las escuelas confesionales, donde proliferan los abusos eclesiásticos, como ocurrió con el cura Raúl Sidders en el colegio San Vicente Pauls de La Plata o con el jesuita César Fretes del colegio San Salvador de Avellaneda.

Como resultado, las cifras son alarmantes. En Argentina, según un informe de Unicef, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 varones han declarado haber sufrido abusos sexuales durante su infancia. A su vez, reina la impunidad: los datos del Ministerio Público Fiscal arrojan que, en Argentina, por cada 1.000 casos de abuso sexual 100 son denunciados y tan sólo uno de ellos recibe condena judicial. Por otra parte, de las denuncias radicadas, el 75% de los abusadores es de la familia y en el 60% es el padre o el padrastro de la víctima. El 90% de los abusadores pertenece al género masculino y la mayoría de las víctimas son niñas y adolescentes mujeres.

La pelea contra esta barbarie es patrimonio del movimiento de mujeres y diversidades, que tiene dentro de su acervo de lucha haber acogido a las madres protectoras perseguidas por el Poder Judicial, a la irrupción del #MiráCómoNosPonemos, donde muchxs se atrevieron a hablar a partir de la denuncia de Thelma Fardin, y a las pibas y pibes secundarios que tomaron sus colegios por el derecho a la educación sexual. Recogiendo esa tradición, debemos volcarnos nuevamente a las calles en defensa de las infancias, para que puedan librarse de la multiplicidad de violencias que les depara este sistema descompuesto. Nada podemos esperar de los gobiernos capitalistas, cuyas políticas causan estragos en las niñeces.

 

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