Cerca de 150 familias se encuentran asentadas desde hace un mes en la reserva forestal de Loma del Medio, de la ciudad de El Bolsón, provincia de Río Negro. La toma es un reflejo del histórico déficit habitacional en la comarca Andina, que se ha acentuado debido a la situación de crisis que golpea con mayor fuerza a las familias de clase trabajadora. Al desalojo brutal que se viene ejerciendo hacia los inquilinos que no pueden pagar los altos costos de un alquiler promedio, se suma la represión y criminalización de parte del Estado y los sucesivos gobiernos contra las tomas.

Las tierras en cuestión pertenecen al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta). El intendente de la ciudad, Bruno Pogliano, del partido oficialista provincial, Juntos Somos Río Negro, ha evitado ante los hechos mencionar el déficit de vivienda, agudizado por la crisis sanitaria y económica vigente. Sólo ha apuntado
a demonizar a las familias de las tomas diciendo que se “movilizaron por especulación” y que además, ya habrían comenzado a vender los lotes. El alineamiento con el gobierno nacional no resulta ser una coincidencia.

En la ciudad, el turismo es la principal actividad y por esto las declaraciones del intendente apuntan principalmente a desalojar a las familias. Solo así se entienden los reiterados llamados de Pogliano a la justicia para que se ordene el desalojo, haciendo mención además a una intervención por parte de la Gendarmería nacional.

No tardaron en llegar las declaraciones de la gobernadora Arabela Carreras, quien se solidarizó con las autoridades del municipio, pero además se comprometió a ponerse en contacto con la ministra de seguridad a nivel nacional, Sabina Frederic, y lograr que salga la orden de desalojo.

No al desalojo

El Bolsón es un ejemplo de las gestiones que vienen garantizando los negocios inmobiliarios y del turismo en la provincia de Río Negro. La gran cantidad de familias obligadas a tomar tierras, muchas veces en zonas precarias y sin los servicios básicos, son un síntoma más de la crisis a la que nos llevan las políticas del Estado y sus gobiernos, tanto el nacional como los provinciales.

Ante el pedido por parte del gobierno para desalojar, un fallo del juez Gustavo Zapata impidió el desalojo que esperaban los sectores del turismo y el gobierno de la provincia. Sin embargo, la presión que vienen ejerciendo sobre este podría torcerle el brazo para efectuar el desalojo de las familias. Se ha gestado desde las redes sociales todo tipo de propaganda con consignas patrióticas, promoviendo marchas y concentraciones con el fin de lograr la intervención de las fuerzas de seguridad contra las familias de las tomas.

Desde Partido Obrero llamamos a repudiar estos intentos de violentar y desalojar a las familias de Loma del Medio. La criminalización de las familias debe ser combatida promoviendo sobre la mesa un programa: que nadie se quede sin tierra y sin techo.

Por un loteo social, y un banco de tierras fiscales bajo el control de los trabajadores. Promovamos una asamblea para las familias sin techo y llevemos nuestro planteo al seno de la clase trabajadora, en reclamo de la expropiación sin pago a las inmobiliarias que son las grandes responsables, junto con el Estado y sus gobiernos, de los encarecimientos de la tierra.

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