En el Amba, la expansión de los emprendimientos inmobiliarios no se condice con el volumen de ventas. Se trata de construcciones que no están destinadas a satisfacer las necesidades habitacionales de la gente, sino que tienen como destino la especulación.

La razón por la cual prosperan estos proyectos a pesar de la escasa compra (en 2022 las escrituraciones en CABA cayeron a la mitad respecto a las de 2017), es que los capitalistas invierten en ellos como reserva de valor (para cubrirse frente a una devaluación) y buscan incrementar la renta que obtienen del suelo a partir de prácticas especulativas. Retienen el inmueble sin vender a la espera de un precio conveniente.

Lo anterior se ve muy claramente en la Ciudad de Buenos Aires, donde una de cada diez viviendas permanece vacía y la cantidad de viviendas ociosas equivale al déficit habitacional del distrito, según la Mesa de estudio de viviendas vacías. Cabe destacar que en CABA, 300 mil personas viven en villas y asentamientos, 7.500 se encuentran en situación de calle y el 35% de los hogares alquila.

Ahora bien, los grandes desarrolladores inmobiliarios pueden incidir en el proceso de valorización del suelo debido al peso que tienen en el mercado. “Compran terrenos por precios que responden a determinados usos o densidades predominantes, pero con su poder de inversión masiva pueden eventualmente construirlos con especificaciones que arrojan sobreprecios -o rentas- superiores, apoderándose de ellos” (Jaramillo, 2010, p. 210).

Esto, con el aval de los gobiernos que muchas veces les venden a estos grupos terrenos fiscales a bajo precio o modifican los códigos urbanísticos para habilitar los proyectos inmobiliarios que dichos agentes buscan desarrollar. Tal es el caso del permiso otorgado por Larreta para que la constructora Irsa pueda edificar megatorres en la Costanera Sur. O bien, la privatización de más de 300 hectáreas de tierras públicas en CABA, con los votos favorables del PRO y del kirchnerismo en la Legislatura.

También el Estado colabora en “poner en valor” determinadas zonas a pedido de los capitalistas, direccionando hacia allí la obra pública, y no a donde más se necesita que son los barrios postergados carentes de servicios esenciales.

Por otra parte, en el afán de obtener la mayor cantidad de rentas urbanas posibles, las inversiones tienden a orientarse a la construcción de grandes centros comerciales, oficinas o torres y casas de lujo, y no a satisfacer los requerimientos de vivienda de los sectores populares.

Todo lo expuesto repercute en el precio del metro cuadrado, volviéndolo inaccesible para la población trabajadora, la cual se ve obligada a vivir en condiciones de hacinamiento o a asentarse en sitios insalubres. Muestra de esta orientación expulsiva es lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires, cuya población estable creció apenas un 7,97% entre el Censo del 2010 y el del 2022, lo cual no guarda relación con el número de unidades habitacionales construidas durante ese período.

A su vez, el derecho a la vivienda se ve pisoteado por el derrumbe salarial de los trabajadores y la falta de crédito hipotecario universal. El que existe es restrictivo y comprende cuotas y tasas que están fuera del alcance de las mayorías. Tampoco el gobierno nacional ni los provinciales impulsan planes de vivienda popular, menos en momentos donde orientan su política a cumplir el acuerdo con el FMI.

Incluso, todos los políticos capitalistas, allí donde les toca gobernar, reprimen sin miramientos a las familias que luchan por tierra y vivienda, en función de preservar los intereses del capital inmobiliario. Lo ilustra el desalojo de la toma de Guernica, a manos de Kicillof y Berni, para utilizar esos terrenos ociosos en la construcción de un country de lujo.

Es necesario subvertir las prioridades, enalteciendo las necesidades habitacionales de la población y no los negociados de unos pocos. Hay que avanzar en un banco de tierras ociosas y fiscales para construir allí vivienda popular, y, a su vez, urbanizar todos los barrios precarios y extender el tendido de servicios públicos. Ese plan de obras debe emplear mano de obra desocupada bajo convenio y estar gestionado por los propios vecinos.

Por otra parte, necesitamos líneas de crédito hipotecario acordes a las necesidades, a tasa cero y con cuotas que no superen el 10% del ingreso familiar. Es preciso financiar este programa con la aplicación de un impuesto permanente y progresivo a la vivienda ociosa y a los desarrolladores inmobiliarios, rompiendo con el FMI y repudiando la deuda usuraria.