La penuria presupuestaria de los sistemas educativos y la tendencia a resolverla mediante la “privatización” total o parcial de la educación, por ejemplo mediante contratos de servicio entre las empresas capitalistas y las instituciones educativas, tiene un alcance mundial.

Tan universal es esta tendencia, que ni la más tradicional de las universidades británicas, la archifamosa Oxford, ha podido escapar a ella.

En oportunidad de la reciente entrega de un doctorado “honoris causa” al presidente Clinton, profesores de Oxford sugirieron que detrás del mismo estaba el objetivo de obtener publicidad gratuita en los Estados Unidos, hogar de muchos de los alumnos más ricos de la universidad (The Economist, 11/6/94). En Oxford, los alumnos extranjeros pagan aranceles mucho más altos que los alumnos británicos, quienes, por otra parte, están mayoritariamente becados por sus municipios.

La misma publicación informa que desde 1989-90 el Departamento de Educación ha reducido los fondos disponibles por estudiante universitario en más del 25%. También se redujo en alrededor de 2-3%, en términos reales, un bono anual de alrededor de 2.000 libras por estudiante que estas universidades reciben para cubrir los costos adicionales de su sistema, los que están creciendo en alrededor de 4% anual. Estos recortes tienen la finalidad de presionar a la búsqueda de recursos adicionales, fuera del presupuesto del Estado.

Uno de esos recursos consiste en vender ciertos privilegios a personas que no son estudiantes de Oxford, y que se convierten en “estudiantes asociados” para usar sus instalaciones, como la biblioteca y espacios comunes, mediante el pago de una cuota anual de 3.000 libras.

The Economist explica que una consecuencia de esta situación es el crecimiento de la desigualdad entre los diversos “colegios” (facultades) de la universidad.  Aunque se ha suprimido un cuadro oficial que establecía un rango de los “colegios” según sus resultados académicos, circula una versión clandestina del mismo que “muestra que las facultades más pobres obtienen resultados significativamente menores que las más ricas”.

“Aunque muchos profesores esperan el momento en que un gobierno laborista vuelva a gastar pródigamente en educación superior, (…) están comenzando a susurrar una palabra antes prohibida: honorarios” (ídem). Es decir, la venta de servicios.

Otra publicación británica, The Financial Times (2/7/94), da cuenta de esta cruda realidad.  Recientemente, Rewley House, uno de los “Colegios” de Oxford, ha cambiado su nombre por Kellogs College, tras obtener el patrocinio de la conocida marca de pochoclo.  “Para algunos observadores —continúa el Financial Times— esto parece indicar un movimiento de las universidades hacia la venta de sus almas, o por lo menos de sus nombres, a vulgares intereses comerciales”. Es decir, a reducir el nivel académico de la educación a las necesidades de explotación inmediata del capital.

“Cortejar a los industriales es una tendencia que el gobierno alienta  por una razón obvia:  el número de estudiantes en el Reino Unido se ha duplicado en los últimos cinco años, intensificando la presión sobre el presupuesto educativo del gobierno”(ídem). Pero la verdadera “presión” que sufre el presupuesto no la ejerce la educación sino la deuda pública, cuyos intereses exigen una financiación de 40.000 millones de libras al año. El presupuesto educacional es un pretexto para liquidar la conquista social que significa el acceso masivo a la educación superior y abultar de este modo la fuerza de trabajo relativamente descalificada, lo que desvaloriza su precio, es decir, el salario.

“Lejos de sentirse incómodos por la ayuda del comercio, las universidades están explorando nuevas vías para atraer más fondos”. Como ejemplo cita el establecimiento de un profesorado en estudios de seguros, financiado por una compañia aseguradora, la Norwich Union. Esto le permitiría al pulpo monopolizar las pasantías y contratos precarios con los egresados, con el resultado de abaratar el costo de este personal superior.

Según el FT, “las estadísticas oficiales británicas muestran que la industria financia el 10 por ciento de la investigación que se realiza en universidades británicas. (…)las universidades provinciales compiten duramente para conseguir dinero para su trabajo de investigación, fenómeno que sólo puede beneficiar a la industria británica”. Es decir aumentan su tasa de explotación y de beneficio.

La competencia entre universidades para obtener contratos de investigación de las empresas está alentada por el organismo estatal  encargado de asignar el financiamiento oficial (subsidios) a la investigación.  El mes pasado ese organismo “anunció un cambio en el modo de medir la calidad de los programas de investigación universitaria, a los efectos de decidir el financiamiento futuro.  En lugar de examinar solamente la investigación académica pura y contar el número de publicaciones académicas producidas por un departamento, también tomará en cuenta las investigaciones encargadas por la industria.  Esto dará un incentivo extra a las universidades para atraer patrocinio comercial, un precio por el cual cambiar la chapa con el nombre de la institución puede parecer un problema menor”(ídem). Pero el problema no es de chapa sino de caída de la excelencia académica y de la formación universitaria.

Los mecenazgos o patronazgos de todo tipo que asocian escuelas y universidades con empresas, dando  a los “benefactores” capitalistas intervención directa en la formulación de los planes de estudio y de investigación, es algo más que una verdadera moda; es una lucha por conseguir subsidios del gobierno, sea para estas “inversiones” o para la contratación de “personal temporal”. Adicionalmente, esta estratagema permite circundar las prohibiciones que rigen en la Unión Europea al otorgamiento de subsidios por parte de los Estados nacionales separadamente.