El sociólogo portugués Boaventura de Souza Santos ha sido denunciado por varias mujeres por acoso y abuso, tanto sexual como laboral, en las últimas horas, incluida la activista mapuche Moira Millán. Mientras la Universidad de Coimbra y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) emiten sendos comunicados de suspensión del catedrático más representativo de la teoría decolonial y de las autodenominadas “epistemologías del sur”, la pregunta que queda flotando en el aire es: ¿Cómo puede ser que el prestigio de este individuo haya sobrevivido a los escraches que iniciaron en una institución reconocida por albergar pensadoras y pensadores “de izquierda” hace, al menos, 4 años? La respuesta, para quienes trabajamos en ciencia y técnica es muy sencilla: las bases del propio sistema.

El caso

Desde fines de la semana pasada, el campo de las Ciencias Sociales en Latinoamérica sufrió uno de sus peores sacudones. El sociólogo Boaventura de Souza Santos apareció anónimamente denunciado en un artículo académico publicado por las autoras Lieselotte Viaene, Catarina Laranjeiro y Miye Nadya Tom. Las mujeres dan cuenta allí de, al menos, tres situaciones graves padecidas por compañeras bajo la dirección del portugués, y de todo un sistema burocrático que, en nombre del prestigio de sus integrantes, desplegó una serie de acciones de silenciamiento y persecución contra aquellas que decidieron romper el silencio al encontrar inscripciones en las paredes que se referían a Boaventura como un agresor, lo cual las hizo darse cuenta de que no se encontraban solas.

El artículo es especialmente escandaloso porque expone a de Souza Santos y a sus encubridores dentro de su propio marco teórico, es decir, usando conceptos y clasificaciones que, dentro de su propuesta de ciencia posmoderna, supuestamente buscan empoderar a quienes fueron excluides de las narrativas de las epistemologías dominantes (por ejemplo, mujeres como las denunciantes).

Otra deuda de la democracia: los derechos de quienes trabajamos en Ciencia y Técnica

Las trabajadoras de Ciencia y Técnica no nos asombramos con la lectura de esta potente denuncia. Por el contrario, encontramos allí hechos que todas, por lo menos una vez, escuchamos, vimos o vivimos durante nuestro desempeño laboral. Cosas que mantendrían a cualquier sindicato conducido por trabajadorxs en estado de alerta absoluta. Sin embargo, las conducciones burocráticas de ATE Conicet y Upcn se encuentran lejos de problematizar las situaciones de acoso laboral en general, y de violencia de género en particular, por fuera de la perspectiva del caso individual (en el mejor de los casos) y esto tiene un motivo relacionado directamente con las condiciones necesarias para la producción capitalista del conocimiento científico, algunas de ellas enunciadas en el artículo de denuncia.

En el caso de Argentina, el modelo paradigmático de reglamentación de la actividad científica y técnica es el Estatuto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el que inspira, en mayor o menor medida, el resto de los sistemas (nacionales, provinciales y universitarios). Ese estatuto fue promulgado durante el gobierno de facto de Lanusse, cuyo antecesor, Juan Carlos Onganía, se encarnizó especialmente con científicxs y docentes universitarixs, llegando a reprimirlxs con brutalidad en la Noche de los Bastones Largos. La norma básica del sistema científico tecnológico nacional no tiene por objetivo consagrar derechos laborales, sino que establece un régimen jerárquico de disciplinamiento, en el cual hemos logrado inscribir diferentes derechos gracias a la lucha organizada, como la modificación de reglamentos de beca para la exclusión de directores denunciados por sus becaries.

Las relaciones laborales al interior de los institutos son, básicamente, entre quienes dirigen y quienes son dirigidxs. A pesar de que existe una lista de deberes para ambas partes, lo cierto es que la producción científica se sostiene con la sobreexplotación de quienes se encuentran en la posición más débil de estas relaciones jerárquicas. Esa sobreexplotación se justifica dentro de la cultura institucional con todo tipo de categorías, como la vocación científica, el derecho de piso, la búsqueda de prestigio, el vanguardismo intelectual; todas elaboraciones que alejan a la ciencia y la técnica del las relaciones de trabajo y las encuadra casi en la divinidad. A todos esos imaginarios se le suman condiciones laborales paupérrimas: salarios de miseria, complicaciones para acceder al sistema de licencias, inestabilidad, etc. Estas mantienen en una subordinación pasiva a quienes esperan acceder a una mejor situación, gestionada por la obra y gracia de quienes dirigen.

La precariedad laboral es un factor que potencia la exposición a la violencia y al acoso. En el caso de Boaventura, las investigadoras que han narrado los hechos hacen un acertado hincapié en cómo el carácter de becarias de las víctimas las ponía en una situación de desventaja y de vulnerabilidad aún peor que las que habitualmente conocemos en casos similares.

Organizarnos contra los Boaventura que sostienen la explotación

Como lo indica el título del artículo que consolidó las denuncias, la clave para agrupar a quienes hoy se enuncian víctimas fue la presencia de grafitis en las paredes exteriores de sus lugares de trabajo, inscripciones que las sacaron del aislamiento, la culpa y la angustia que producen las situaciones de acoso y violencia laboral y de género. Somos trabajadorxs de ciencia y técnica, y hoy nuestra forma de organización histórica, los sindicatos, se encuentran dirigidos por burocracias que garantizan que el disciplinamiento se perpetúe firmando paritarias a la baja, relegando nuestra lucha histórica por un Convenio Colectivo de Trabajo propio, aplaudiendo las migajas que los gobiernos de ajuste nos tiran, y uniéndose a sus filas como legisladores y funcionarios.

Recuperemos nuestros sindicatos para organizar la lucha en defensa de nuestras condiciones laborales, por el derecho a evaluar a quienes nos dirigen, por recursos para erradicar las violencias en nuestros lugares de trabajo, por una representación igualitaria de todxs en el Directorio y las instancias de negociación paritaria, por un órgano autónomo con representantes con mandato para el abordaje de las situaciones de acoso, violencia y abuso laboral y de género, por la implementación inmediata del cupo laboral travesti-trans, y políticas orientadas a diversidades y disidencias, contra el ajuste y la represión.