El ex comisario general, Alejandro Eduardo Mercado, acusado por el Fiscal Gavier de encubrir a una banda dedicada al delito, integrada por policías y civiles, fue detenido el 3 de septiembre cuando se dirigía a su puesto de trabajo en la Jefatura de Policía. La imputación es por “encubrimiento agravado en calidad de funcionario público”. El grupo se habría dedicado a estafar a aseguradoras con falsas denuncias de robo. El caso desnuda todo un entramado de corrupción y ha desatado una crisis dentro de las filas del gobierno.

 “En 2022 y 2023, fecha en que actuó la banda, el ahora ex comisario general Mercado era director de Investigaciones Criminales y de él dependía, entre tantos, el comisario Cristian Cabrera, quien estaba al frente de Brigadas Civiles” (La Voz). Cabrera también fue detenido, ya que fue señalado por uno de los condenados en un juicio previo como uno de los partícipes de la mafia de la compraventa de celulares robados en la Galería Norte.

La comisaria Claudia Aguilar, de Saldán, corrió con la misma suerte. También Juan José Corzo, un empleado judicial que trabajó en la Unidad Judicial N° 12 y actualmente prestaba servicios en una Fiscalía en Tribunales 2. De las comunicaciones de Cabrera surge la conexión con Corzo, que en ese momento era sumariante, y habría disimulado las denuncias.

Asimismo, Roberto Adrián Monge, Roger Emmanuel Monge, Maciel Adrián Monge y Fiorella del Valle Monge fueron imputados por presunta asociación ilícita. Fiorella estuvo prófuga de la justicia por 24 horas. Todos fueron detenidos.

El comisario Cabrera y la Comisaría Aguilar poseen imputaciones por asociación ilícita, falsa denuncia y falsedad ideológica en la investigación sobre una financiera ilegal y la venta de celulares y neumáticos robados, tareas de las que se ocuparía la familia Monge, conocida en el centro de la ciudad por la compraventa de bienes provenientes de ilícitos y el cambio de dólares. El Ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, se encargó de confirmar que los Monge tendrían una financiera y que también vendían neumáticos. Es decir que lo que salió a la superficie con este caso, es una verdadera asociación ilícita, con la participación de policías de alto rango y empleados judiciales. No se descarta que existan otras imputaciones, en una causa que sigue bajo secreto de sumario.

Corrupción y crisis política

Mercado fue ascendido hace poco tiempo y designado como subjefe de la policía, por parte de la cartera de Seguridad del ministro Quinteros.

Quinteros declaró a la prensa que no se arrepentía de la designación de Mercado como subjefe. Y dijo: “Yo tenía absoluto desconocimiento al momento de designarlo … No había causa judicial alguna. Tenía el aval de más de 20 fiscales… Yo hablé con el fiscal general y pedí que investigue incluso las causas sin presos en las que hubiera policías. Desde el cabo al jefe o al subjefe”.

En este cuadro Quinteros quedó expuesto, pero mientras fue uno de los epicentros de la crítica, el ministro fue aceitando sus vínculos con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, con quien comparte la política de defensa del aparato policial. En ese sentido, el ex político juecista negó “corrupción estructural” en la policía, por no considerar recurrentes las evidencias.

Sin embargo, hasta la justicia cuestionó los señalamientos de Quinteros mientras que la oposición pidió en la Legislatura la renuncia del mencionado ministro a causa del escándalo Mercado. El funcionario, por su parte, en una entrevista en Canal Doce, al ser preguntado por las designaciones a dedo de los altos rangos del poder policial y judicial, dijo: “Es así. Usted le ha dado una gran responsabilidad a los legisladores. En vez de tirar piedras… que se pongan a trabajar. Si evalúan que tiene que ser de otra manera que lo hagan…” 

Unos se señalan a otros, pero todos son parte del mismo centro de responsabilidad, que es el Estado provincial. La realidad es que las fuerzas represivas y el gobierno de Llaryora se encuentran profundamente descompuestos. Todos señalan a Quinteros, que viene de cultivar buenas migas con Bullrich, con quien ha firmado varios pactos de cooperación en seguridad y que por ahora tiene el apoyo del gobernador. Pero está muy cuestionado. La oposición radical no posee un plan alternativo. Cossar y otro han promovido el reforzamiento de este mismo aparato descompuesto.

El PJ cordobés, un gobierno de abusadores, acosadores y violentos

Hay una cadena de noticias con dirigentes y funcionarios envueltos en casos judiciales en distintas instancias durante los últimas meses y semanas. Los casos de femicidio o violencia de género de Concha, de Mosquera, de Martín Gill, el procesamiento del exministro Diego Cardozo por las muertes del Neonatal, el escándalo de Bouwer que afecta al Servicio Penitenciario, o el caso del dirigente del PJ y funcionario municipal Kraisman detenido por robo, son muestras de la descomposición del peronismo y del gobierno de Llaryora en particular.

Corrupción, narcotráfico, violencia de género y represión estatal, asesinatos en las cárceles, hospitales, gatillo fácil, encubrimiento, el Código Penal completo. Este es el prontuario del gobierno que cada vez se hace más difícil tapar y ha empezado a salir a la luz pública en los últimos años.

Frente a esta descomposición, levantamos las consignas del desmantelamiento del aparato represivo del Estado; el juicio y castigo a los responsables materiales y políticos de los atropellos realizados desde el poder y las fuerzas represivas; la elección y revocatoria popular de jueces y fiscales; el desmantelamiento de las redes de trata, narco, y corrupción.

Para desarrollar este programa necesitamos reagrupar fuerzas y organizarnos para poder imponer nuestros reclamos junto a los de toda la población, que además de sufrir el ajuste, es víctima de la violencia y el delito que engendra la propia descomposición del elenco gobernante. Necesitamos preparar la huelga general porque solo una irrupción obrera y popular, política, de masas, junto a una nueva dirección política del movimiento obrero, puede torcer el rumbo de la historia y terminar con el plan de guerra, de motosierra, ajuste y corrupción que impulsan Milei y sus cómplices y con la política represiva, de persecución y cercenamiento de las libertades democráticas que llevan adelante para tratar de imponerlo.

El Presupuesto 2025 de Milei es otro dibujo con cifras que no cierran

Inflación y devaluación subestimadas e ingresos sobredimensionados, para disimular las falta de certezas. –

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