Luego de realizarse en el país el Censo nacional, que arrojó que en suelo argentino conviven 47,3 millones de personas, algunas cifras y estadísticas se vieron modificadas. Por ejemplo, la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) adaptó su cálculo de consumo anual de carne por habitante, que ya era el más bajo de la historia. Esta caída ahora se corrobora más abrupta, pasando de 47,4 kilos a 46,5.

El récord negativo tiene su correlato, ante todas las cosas, en la licuación del poder adquisitivo de los salarios (estamos también en el récord histórico de trabajadores ocupados bajo la pobreza), y cómo los precios de los distintos cortes, en franca disparada, se disocian cada vez más con respecto a los primeros. Según la consultora LCG, la carne habría aumentado en mayo un 6,4%, acumulando un 70% en el plazo interanual. Símil situación el pollo, que con el 10% de abril acumuló un 69% interanual y deja de ser la alternativa “barata” a los productos vacunos.

Se hace claro que toda la política de precios del gobierno fracasó en ponerle un techo a los aumentos. Según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), en abril varios cortes incluídos en Cortes Cuidados aumentaron hasta un 9,4%, como es el caso de la tapa de asado. Esto se acumula con una máxima de 9,5% en marzo, que va echando cada vez más leña al panorama general. La inviabilidad de los programas oficiales para poner un tope a la escalada inflacionaria va en sintonía en cada uno de los controles de precios minoristas, con los subsidios al capital agrario o los fideicomisos del aceite o el trigo.

Cabe destacar que la pretendida preocupación del gobierno en todo esto es lograr el “desacople” de los precios entre el mercado interno y el mercado externo, lo que marca la completa dominación del complejo agroexportador del país por un puñado de consorcios que expiden la producción desde sus puertos privados y están centrando el negocio de una economía cada vez más primarizada en las exportaciones, cobrándole los alimentos al mismo precio a la “mesa de los argentinos”.

Previamente señalamos como el consorcio ABC reconocía que por la explosión del precio internacional de las commodities, sus ventas subieron un 26% respecto del primer trimestre del año pasado, a pesar de una disminución en los volúmenes de producción. Esto retrata una huelga de inversiones predominante pero también el crecimiento del ganado en hacienda como una reserva de valor (se estiró casi un 30% la duración media en la terminación de vacunos).

“No es justo que el precio internacional de la carne vacuna sea el mismo precio que deban pagar nuestros compatriotas. Cuidar la mesa de los argentinos. Ese es nuestro compromiso” fueron las palabras del presidente Alberto Fernández un año atrás, cuando cerraba las exportaciones de carne en nombre de “intervenir” para bajar los precios. A estas palabras no se las llevó el viento, sino una cachetada de realidad: hoy un kilo de asado no baja en las principales góndolas de los $1.000, mientras que al ser pronunciadas por el mandatario valía $670. Solo cuatro meses después de ello, incluso, Julián Domínguez pasaba al frente de la cartera de Agricultura buscando recomponer relaciones con el capital agrario.

El gobierno, no obstante, insiste todavía con la política de precios fallida, fundamentalmente por dos motivos. En primer lugar, para simular algún tipo de preocupación por bajar los precios en el mercado interno, cuando preserva este esquema parasitario y premia al capital agrario con exenciones, facilidades y subsidios. En segundo lugar, para buscar que estos controles de precios escondan la necesidad de recomponer los salarios y jubilaciones de miseria que perciben la mayor parte de los trabajadores del país, que es el componente fundamental de la carestía. Y es que el ajuste al servicio del pacto con el FMI no pasa sin una pulverización de nuestras condiciones de vida. Por ello también se anota la campaña que estamos desplegando por un gran paro nacional.