La niña de 11 años Jimena Hernández fue asesinada en el colegio religioso Santa Unión de Caballito. El hecho ocurrió hace cuatro meses y tanto el juez Cevasco — encargado del caso—como las autoridades del colegio negaron el crimen, adjudicando el hecho a “un accidente”.

El poder judicial y la Iglesia católica (dueña del colegio) se confabularon abiertamente para ocultar la verdad de los hechos a los padres y la opinión pública. Para ello recurrieron a todos los ardides, el más artero de los cuales fue insinuar que la culpa fue… de la víctima por su “conducta sexual». El libreto de las monjas fue tomado por el juez Cevasco, ya conocido por haber dejado libre al torturador Sánchez Relsse, cuando su obligación legal era procesarlo.

El comportamiento de jueces y monjas revela hasta qué punto existe un entrelazamiento entre el Estado y la Iglesia. Esta última intentó tapar el homicidio para preservar la “imagen de la empresa”. Es que los colegios religiosos son un jugoso negocio capitalista que da pura ganancia: el Estado paga los sueldos de los maestros mientras curas y monjas cobran cuota mensual a los alumnos. Para mantener esta ganancia han encubierto el crimen de Jimena. Las alumnas explicaron (Pag 12, 17/11) que se las obligó a callar lo que sabían sobre el caso. Se pasó así del ocultamiento al terror sobre las otras niñas para que no dijesen la verdad.

El negocio eclesiástico es aún más redondo, pues a pesar de que es el pueblo el que paga los sueldos y gastos del colegio, no existe el más mínimo control sobre lo que sucede en esos monasterios medievales. La muestra más brutal de lo que allí ocurre la acaba de dar este asesinato y su ocultamiento durante ¡4 meses!.

De acuerdo con el Código Penal lo que han hecho las monjas y el juez Cevasco es encubrimiento pues conociendo el hecho nada hicieron para aclararlo. ¡Que se empiece por procesarlos directamente a ellos, por engañar a los padres y al pueblol.

El asesino, por su parte, no debe andar muy lejos del Colegio; al momento del crimen había 90 alumnas en el lugar. Bastará que los padres, apoyados por la movilización popular, tranquilicen a las niñas —amenazadas por las autoridades del colegio— para que digan lo que saben. Así saltará el crimen y toda la podredumbre.

Hay que terminar con la corrupción de nuestra niñez, con la falta de moral, con la delincuencia y el crimen. Hay que separar a la Iglesia del Estado, nacionalizar las propiedades de aquélla y estatizar y laicizar la educación.