Luego de que en la localidad santacruceña de Puerto San Julián el Estado municipal, provincial y nacional abandonaran un predio fiscal durante casi 10 años, se estableció allí un asentamiento vecinal conformado principalmente por mujeres residentes de esta localidad.

La respuesta del Estado municipal desde un primer momento fue el accionar punitorio contra el grupo de madres del bautizado Barrio Popular Patagonia Argentina. Las declaraciones del intendente van en esa dirección al punto de desoir al propio Poder Judicial. A nivel provincial el oficialismo boicoteaó el ingreso a Cámara de Diputados de un proyecto de ley que plantea terminar de construir, con mano de obra de los propios vecinos del barrio, las casas que habían quedado abandonadas por la desidia y corrupción de los que gobiernan.

En los últimos días hemos asistido a una avanzada de las funcionarias que responden a la UCR de Daniel Gardonio, quienes bajo pretextos legales amenazan a las vecinas del barrio Patagonia, que van desde “recomendar” aceptar dinero equivalente a tres meses de alquiler para abandonar el predio, hasta el anuncio sin tapujos de que por las condiciones de vida de las infancias en el asentamiento la tutela legal de lxs niñxs podría transferirse a padres.

El accionar de la Dirección de Protección de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Municipalidad es ofrecer dinero de manera individual a algunas familias, un método para romper la organización y la lucha de las familias que se están procurando a sí mismas un techo digno. No es justo que la asistencia municipal sea utilizada mediante estos arbitrios, en vez de que sea un derecho de carácter universal para todos los trabajadores y trabajadoras.

Que el acceso a la tierra y la vivienda no sea un privilegio de clase sino un derecho universal. A 100 años de la matanza de obreros en la Patagonia, que sea la misma UCR responsable de los fusilamientos la que hoy pretende ordenar desalojos contra madres trabajadoras es un hecho inadmisible ante el que hay que organizarse.