La lof Gallardo Calfú se encuentra en un proceso de recuperación territorial en el paraje de El Foyel, situado a 45 km de El Bolsón y 75 km de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Como viene siendo habitual, esta recuperación recibió el rechazo de los medios locales y nacionales, y del gobierno provincial. A eso se sumó una orden de desalojo judicial que pone en peligro la seguridad de los miembros de la comunidad.

El conflicto se remonta a 1980, cuando tuvo lugar una supuesta transacción entre Sixto Gallardo y Miguel Arturo Soriani. La comunidad mapuche Gallardo Calfú denunció que esta operación en realidad se trató de una estafa. Según el testimonio de Blanca Gallardo Calfú, hija de Sixto, el mecanismo utilizado es similar al de numerosos casos que ocurren en Patagonia. El método consiste en forzar una transferencia de los derechos de ocupación de un poblador originario hacia un segundo quien, y aprovechando la ventaja que tiene sobre el poblador, se hace de estos derechos por un precio irrisorio. Posteriormente, y gracias a los vínculos que este nuevo propietario tiene con el poder político y/o judicial esta transferencia de los derechos de ocupación se transforman en una titularización de la tierra, a través de la figura legal de usucapión.

El reclamo de la comunidad se remonta a la década 1990 y finalmente devino en una judicialización en 2006. Pero en 2014 la justicia falló a favor de la familia Soriani (B2000, 19/10). El rol que ha desempeñado, y desempeña, el Estado argentino en alianza con los capitales privados, y que tienen por objetivo adquirir de forma progresiva y constante las tierras de los pueblos originarios, ya sea para la explotación o para la especulación capitalista, tuvo como consecuencia el proceso de recuperación de la lof Gallardo Calfú.

Desde la vuelta de la comunidad a su territorio se ha iniciado un nuevo proceso judicial contra la comunidad. Este lunes 19 el juez Marcelo Álvarez Melinger, luego de escuchar a la querella y la exposición del fiscal jefe Martín Lozada, ordenó el desalojo de la lof.

Hasta el momento el rol del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), a cargo de Magdalena Odarda (FdT), se limitó a brindarles alimentos y abrigo a los miembros de la comunidad. Si la función de este organismo es implementar políticas sociales destinadas a los pueblos originarios, según lo establece la Ley 23.302/85, la política que está desarrollando en realidad consiste en dejar que los conflictos entre las comunidades y privados, en total situación de desventaja, se vayan decantando por su aislamiento. En lugar de promover medidas de fondo que tiendan a saldar los derechos preexistentes de los pueblos originarios, reconocidos por la Constitución Nacional, su rol se redujo a una función cuasi asistencialista.

Desde el Partido Obrero exigimos el fin de toda usurpación por parte de empresarios inmobiliarios y terratenientes, en plena complicidad con el Estado, del territorio ancestral de los pueblos originarios, quienes tienen pleno derecho de permanencia. En tierras donde el genocidio fue registrado en los libros de historia como la “conquista del desierto” y donde muchos sitios, cerros y lagos llevan los nombres de los conquistadores, como Roca, Villegas, entre otros, que este conflicto tenga lugar en uno de los pocos lugares donde se ha reconocido la preexistencia de los pueblos originarios, en este caso en referencia al cacique Foyel, no deja de evidenciar los intereses que defiende el propio Estado.

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