El gobierno nacional acaba de oficializar, a través de una resolución del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) nuevos aumentos en los servicios de telefonía fija y móvil, cable e internet del 9,8% desde el 1° de febrero y el 7,8% desde abril, con el propósito de empatizar con la expectativas de las patronales del sector que desconocen toda la regulación vigente en materia de fijación de precios.

En la actualidad aún rige el decreto 690/2020, que faculta al Estado para determinar los precios y aumentos de las tarifas de los servicios mencionados, el cual es desconocido sistemáticamente por las patronales del sector alegando medidas cautelares diversas y fallos parciales en su favor.

Estos aumentos se suman a los aprobados recientemente para el mes de octubre del 2022 (19,8%) y diciembre (9,8%), en lo que ya da cuenta de una aceleración de los aumentos de precios para cumplir con las exigencias patronales.

Esta escalada en los aumentos puede explicarse por el interés del gobierno en ofrecer garantías a las patronales de las telecomunicaciones en vísperas a la licitación de la red de 5G con la cual el gobierno espera recaudar alrededor de 1.400 millones de dólares.

La declaración el gobierno de estos servicios como “servicios públicos” está más cuestionada que nunca, debido a que millones de personas no acceden de forma integral a los mismos, carecen de datos y/o conexión y cada vez se hace más difícil de sostener económicamente por los frecuentes aumentos.

Esto se ha visto con particular transparencia durante la peor etapa de la pandemia de Covid, con las restricciones al acceso de internet y datos móviles de cientos de miles de estudiantes y trabajadores de la educación. Además de las mayores cargas económicas sobre otros miles de trabajadores que realizan sus tareas bajo la modalidad de trabajo virtual.

En una sociedad cada vez más dependiente e interrelacionada con las telecomunicaciones, el alza de los precios opera como una exclusión social real de cientos de miles de trabajadores y sus familias, que no acceden a internet para desenvolver sus estudios, trámites o gestiones, o que no cuentan con las herramientas necesarias para comunicarse y/o entretenerse.

La situación actual requiere de la apertura de los libros de las empresas de telecomunicaciones, para conocer los costos reales del servicio, y para ponerlas bajo control de trabajadores y usuarios, garantizando un acceso universal a estos servicios.