En la provincia, desde el año 1973, está vigente la ley Nº 809 que establece una pensión a la ancianidad y la discapacidad. El monto actual de esa pensión no contributiva a la discapacidad es de $ 336 y está congelada desde hace trece años, para los 500 “beneficiarios”, quienes conservan la obra social del ISSN. En su momento 1.600 pensionados de la ley Nº 809 fueron transferidos a Nación por un convenio en aquel momento con Alicia Kirchner. 

Pero hasta ese momento, y aún hoy, los pagos son realizados por el ISSN (caja jubilatoria y obra social de los empleados del Estado), es decir, se pagan con fondos de los jubilados y activos. (Se supone que el Ministerio de Desarrollo Social debe reintegrar esos fondos al ISSN, pero esto ocurre mal, tarde o nunca.)

Este fin de semana se conoció una carta de una madre que reclama que se pague la pensión de marzo, cuando estamos a mitad de abril. Pero como si esta crueldad oficial fuera poca, la carta denuncia que tampoco se ha provisto a los discapacitados de una tarjeta de débito, con lo cual el traslado en taxi hasta la sede del banco cuesta más que el monto de la pensión; pero están obligados a concurrir porque de lo contrario no pueden acreditar la supervivencia y se los daría de baja.

La propia madre explica que el salario mínimo, vital y móvil aumentó desde el 2007 a la fecha 2.166%. Si las pensiones se actualizarán por ese índice, aun así equivaldrían a miserables $ 7.280, lo cual agrava la política criminal del gobierno. 

La pandemia en Neuquén tuvo la “virtud” de poner en el centro de la escena dos realidades que la propaganda oficial trata de tapar a fuerza de publicidad mediática. Por un lado, quedó expuesto que “el mejor sistema de salud de Latinoamérica” no puede garantizar ni los más elementales insumos de bioseguridad a sus propios trabajadores. Y también expuso que el Ministerio que debe velar por la protección social de los sectores más vulnerables de la población (vejez, niñez, discapacidad, mujeres, etc.) es solamente un organismo de clientelismo político.

La diputada Patricia Jure del FIT retomará proyectos que fueron archivados por el MPN que plantean actualizar el monto de la pensión a la vejez y discapacidad.