La Secretaría de Energía publicó a través del Boletín Oficial el inicio del denominado “Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados”. La idea es que en noviembre los usuarios ya estemos pagando en nuestras facturas de luz y gas la totalidad del precio de producción de energía impuesto por las petroleras y las generadoras de electricidad. Estaríamos hablando de tarifazos impagables para el bolsillo de la población trabajadora, por lo que el gobierno encuentra enormes dificultades para implementarlos.

Actualmente, en el caso de los hogares de ingresos medios y bajos, el Estado cubre mediante subsidios (que pagamos los contribuyentes con nuestros impuestos) buena parte del precio dolarizado de producción de energía que constituye uno de los componentes de las boletas de luz y gas. Con la nueva resolución, gobierno pretende ir retirando esos subsidios a partir de junio para que noviembre todos los usuarios comiencen a pagar la tarifa plena, a excepción de un reducido grupo en situación de vulnerabilidad.

En ese sentido, el reciente decreto habilita la eliminación de los topes de aumento sobre las facturas de luz y gas para los usuarios de ingresos medios y bajos, que estaban fijados en el equivalente al 80% y al 40% del Coeficiente de Variación Salarial, respectivamente. Por otra parte, la actual normativa admite cambios en los criterios de segmentación, como pueden ser la reducción del ingreso máximo para acceder a la boleta subsidiada (hoy establecido en la suma de tres canasta básicas, que sería reemplazada por una canasta básica energética más acotada) y del volumen de consumo subsidiado. También se evalúa dejar afuera del subsidio a quienes compren dólares en el mercado oficial, o bien, viajen al exterior.

El objetivo del gobierno es reducir las transferencias estatales para cumplir con la meta fiscal del FMI, compensando esa poda con tarifazos. Ahora bien, los usuarios no tenemos por qué cargar directamente sobre nuestros hombros, a la hora de pagar los servicios, el precio dolarizado de producción de gas y electricidad, ya que el mismo no guarda relación alguna con los costos sino que obedece al ánimo de lucro de las petroleras y generadoras eléctricas.

Dicho esto, vale destacar que el gobierno está teniendo dificultades para aplicar esta política: pospuso la suba de tarifas de mayo para junio y ya advirtió que este “período de transición” hacia la quita de subsidios podría extenderse un semestre más. Sucede que estaríamos hablando de tarifas imposibles de afrontar para una población trabajadora cuyo salario se deteriora día a día. En la actualidad, un hogar promedio del Amba está gastando $118.825 en luz, agua, gas y transporte según un estudio del UBA-Conicet; superar ese monto sería verdaderamente inviable. A esto hay que sumarle que el precio de generación de energía se elevará al utilizarse GNL importado y combustibles líquidos mucho más caros -por falta de obras en el Gasoducto Néstor Kirchner- dando lugar a tarifazos aún mayores. Finalmente, el temor a la reacción popular explica las vacilaciones del oficialismo en torno a este tema.

La encerrona es total, ya que el gobierno está decidido a eliminar las transferencias estatales a la oferta mayorista de gas y electricidad en función de alcanzar las metas del Fondo Monetario. Sin embargo, ir en esa dirección posponiendo tarifazos ya le ocasionó una crisis con las generadoras, que no recibían pagos de Cammesa desde diciembre 2023.

Hay que rechazar de plano los tarifazos en puerta y avanzar en la apertura de los libros de toda la cadena energética a fin de evaluar los costos reales y fijar precios que se adecúen a ellos. El control obrero de la industria hidrocarburífera y eléctrica es fundamental para que deje de primar el negocio de los capitalistas que intervienen allí y comiencen a priorizarse las necesidades sociales.

Inflamable: ¿nos quedamos sin gas para pasar el invierno?

La ola polar puso al desnudo las consecuencias del ajuste y de la política energética del gobierno. –

prensaobrera.com