El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, discutieron en una reunión la posibilidad de suspender la actual Ley de Alquileres, frente a una crisis habitacional que se agrava día a día. El gobierno promocionó esta normativa como la solución a los problemas habitacionales que se agudizaron con la pérdida del poder adquisitivo, la inflación y la especulación inmobiliaria.

La Ley de Alquileres rige desde mediados del 2020 e incorporó algunas reformas significativas como la extensión del plazo mínimo de los contratos de vivienda de dos a tres años, y el establecimiento de una fórmula obligatoria de actualización anual de los precios de los contratos comprendidos, que integra en partes iguales la inflación y la evolución de los salarios registrados.

Como adelantó la diputada nacional y precandidata a vicepresidenta del Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad, Romina Del Plá, en oportunidad del tratamiento de la ley en Diputados, la misma integra algunos elementos positivos pero es estéril para solucionar un problema que hunde sus bases  en el ajuste a fondo contra los trabajadores.

Dónde está el problema

La escalada inflacionaria fogoneada por las medidas fondomonetaristas del gobierno, con la liberación de precios y tarifas, elevación de tasas de intereses, devaluación de la moneda, etc. impactaron de lleno en los bolsillos los trabajadores, llevando a un total de 18 millones de pobres (39,2% de la población), en una cuenta que no integra el gasto en vivienda.

Ante esto, la Ley de Alquileres estableció actualización que en casi tres años acumularon 245% de aumento, contra salarios que se ubicaron por debajo, pero una inflación promedio por arriba. Esto fue ensanchando la brecha entre trabajadores que no pueden pagar y un negocio cuya rentabilidad se fue deteriorando.

La caída en la renta de los alquileres y el rechazo a someterse a contratos de tres años en un contexto económico altamente volátil empujaron a miles de propietarios a trasladar sus propiedades al mercado de ventas, batiendo récords de ofertas de inmuebles inaccesibles para la población trabajadora, y restringiendo la oferta de alquileres a su mínima expresión, ofreciendo pocas unidades, malas y caras.

El alquiler de un monoambiente en CABA se cotiza actualmente en $80.000 en promedio: el equivalente a un salario mínimo completo del mes de abril. Mientras que para la compra/venta los precios no llegaron a caer lo esperado, en gran medida sostenidos por la especulación inmobiliaria y las inversiones capitalistas como reserva de valor.

El problema base sigue siendo la caída de los salarios ante la inflación, el derrumbe de oferta de viviendas en locación, los altos precios especulativos y la ausencia (inexistencia) de una política estatal de construcción masiva de viviendas y créditos hipotecarios a tasas cero de acceso universal.

Cómo seguiría

La suspensión de la Ley de Alquileres solo retraería la situación al estadio anterior, saldando el problema por medio de la liberalización de los precios y el acotamiento de los plazos de los aumentos, acomodando la oferta y la demanda según las leyes del mercado: es decir, subiendo los precios de los alquileres aún más.

Los precios han escalado incluso por arriba del índice de actualización oficial debido a que a la hora de renovar o efectuar nuevas contrataciones las inmobiliarias cubren la expectativa inflacionaria no satisfecha con aumentazos de un golpe. Además de otros artilugios como cláusulas de rescisión anticipadas, contratos bajo otras formas jurídicas, alquileres temporarios, etc.

Este proceso implica un desplazamiento de los trabajadores de las principales ciudades hacia zonas más periféricas y marginales, y un deterioro en las condiciones de vida y habitacionales de los que menos tienen.

Cuando las familias sin tierra, obligadas por la desesperación, ocupan tierras para instalar allí casillas precarias, el gobierno nacional y los gobernadores ordenan la represión y el desalojo, como lo ocurrido en el megaoperativo represivo de Guernica.

El gobierno habla de la discusión y sanción de una ley donde los proyectos que circulan son todos redactados a imagen y semejanza de las pretensiones de las patronales y los especuladores inmobiliarios, y sin el respaldo suficiente para avanzar en uno u otro proyecto.

El derecho a la vivienda solo es realizable en la medida de una recomposición general de los salarios e ingresos populares, impuesto a las viviendas ociosos y al capital especulativo, un banco de tierras que incluya las tierras fiscales y ociosas y un plan de viviendas nacional que sirva a satisfacer las necesidades habitacionales existentes. Junto al crédito hipotecario a tasas cero y de acceso a universal, con cuotas que no superen el 25% de los ingresos familiares.

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