Cuando el gobierno sancionó en 2020 el “Aporte Solidario” prometió políticas de vivienda e infraestructura, entre otros tópicos de desarrollo. Pero quedaron en promesas. Información oficial da cuenta de que, de todos los barrios que hubo compromiso de urbanización, solo se avanzó en menos de la cuarta parte: un 24%.

El propio Alberto Fernández había prometido que con estos fondos se urbanizarían en 2021 unos 400 barrios populares, asentamientos y villas. Daniel Arroyo, anterior ministro de Desarrollo Social, prometió incluso hasta 400 barrios por año, por lo que al concluir el 2022 ya deberían haberse hecho obras en 800. Al día de la fecha, solo se urbanizaron 97.

Las obras serían financiadas con el Fondo de Integración Socio Urbana (Fisu). Este organismo, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, es presidido por Fernanda Miño, una funcionaria del MTE de Juan Grabois. Es la principal responsable del manejo de este fondo, y por tanto, una de las principales responsables de este atraso en las obras. Las fuentes oficiales explayaron que al momento la recaudación disponible del organismo entre lo conferido por el Aporte Solidario y el Impuesto País asciende a $72.000 millones, aunque se ejecutaron apenas $54.000 millones. Los voceros del organismo argumentan que parte de la paralización de las obras se debe a que “tuvieron que hacer inversiones para no perder frente a la inflación”. Esta “inversión” fue la compra de títulos de deuda. Es decir, usaron plata que tenía que destinarse a viviendas para rescatar los precios de los bonos del Tesoro y financiar la corrida.

Así, al día de la fecha hay obras que ya deberían estar terminadas, pero no llegaron ni a un 30% del proceso total. Otras tantas ni comenzaron: hay 55 obras en proceso de licitación, 29 aprobadas y 26 firmadas (pero congeladas), y ¡78! que ya fueron pagadas pero nunca arrancaron. Lo que revela a su turno que no solo se usaron estos fondos al servicio de salvar el acuerdo con el FMI, sino también hicieron un negoción para las contratistas del Estado a costa de la falta de infraestructura, de la falta de vivienda, de la subsistencia de cloacas a cielo abierto, de la contaminación que padece la población más empobrecida, el hacinamiento o la falta de servicios básicos.

Al momento de la votación del “Aporte Solidario”, la diputada del Partido Obrero en el Frente de Izquierda – Unidad, Romina Del Plá, denunció que de por sí este proyecto era una maniobra frente al descontento popular por el ajuste, mientras pesaba por ejemplo en aquel entonces el congelamiento de la movilidad jubilatoria y los aumentos de miseria por decreto. Pero también que implicaba que un 45% de la recaudación se destine a subsidios a los capitalistas. Sacarle migajas a los ricos por una ventanilla para devolverselas por otra. Ahora sabemos que, para colmo, sobre lo restante se terminó “metiendo mano” para rescatar los bonos del Tesoro y financiar así el único gasto del erario público que creció desde entonces: los subsidios a las petroleras y las energéticas.

Este hecho debe ser denunciado por su nombre y apellido: una estafa contra el desarrollo del país y contra las condiciones de vida de la población trabajadora. El dato se hace público, además, unas semanas después de que se conociera también que de las 55.000 viviendas paralizadas que Alberto Fernández prometió concluir en el Programa Reconstruir sólo están listas 780; y cuando la obra pública se ubica entre los principales blancos de ajuste en el pacto con el FMI para la próxima etapa. Es la base del problema: el pacto al servicio de cumplir las metas imposibles que demanda el Fondo condena al país a una crisis habitacional y de infraestructura que es realmente insostenible.

Frente a ello, hacemos un planteo claro. Hay que establecer un impuesto progresivo a los acaparadores inmobiliarios y a la vivienda ociosa, que permita financiar un verdadero plan de obras públicas y de edificación de viviendas al servicio de las necesidades reales de la población. En el mismo sentido entendemos que hay que avanzar en la creación de un banco de tierras expropiando los terrenos baldíos en manos de la especulación inmobiliaria. Es la base del planteo que le hizo la Unidad Piquetera una y otra vez al gobierno, que se cansó de desestimarlo. Proceder a un programa masivo de obra pública y viviendas bajo dirección de los trabajadores, lo que permitiría darle trabajo genuino a, por lo menos, un millón de personas en el país.