En el límite entre Villa Crespo y Chacarita explotó una garrafa y fue cuestión de horas para que las llamas se expandieran por todo el asentamiento. Veinticinco vecinos que habitaban en el predio contiguo a las vías del ferrocarril San Martín, a metros de Corrientes y Dorrego, debieron evacuar durante la madrugada del martes, mientras sus casillas de chapa y madera eran consumidas por el fuego. Dos de ellos se encuentran hospitalizados.

El incendio se llevó todas sus pertenencias y los dejó sin un techo donde guarecerse, en una tragedia que podría haberse evitado si el gobierno de Larreta les hubiera garantizado una vivienda digna y acceso a los servicios públicos, en lugar de disponer la tierra y la obra pública al servicio de la especulación inmobiliaria, condenando a las familias trabajadoras de CABA a vivir en condiciones de hacinamiento y precariedad.

La falta de planes de vivienda y la ausencia de políticas de urbanización de barrios precarios, villas y asentamientos no es un rasgo distintivo de la Ciudad de Buenos Aires, sino una orientación compartida por todos los gobernadores provinciales y por el gobierno nacional, los cuales combinan el ajuste en materia de extensión de servicios esenciales con la defensa de los negociados inmobiliarios que encarecen el metro cuadrado y expulsan hacia los márgenes a las mayorías populares, obligándolas a asentarse en sitios insalubres. Como vemos, el derecho a la vivienda digna es pisoteado por todos los políticos capitalistas.

Sin ir más lejos, el Censo realizado el año pasado arrojó que 4 de cada 10 hogares no poseen conexión de gas natural o electricidad, lo cual agrava el riesgo a que se produzcan incendios al emplear medios menos seguros para cocinar y calefaccionarse. A su vez, el 5,5% de los hogares del país no cuenta con baño o letrina dentro de la vivienda, el 9,1% no tiene arrastre de agua en su inodoro y el 37,4% carece de desagüe cloacal. Por otra parte, el 14,6% de las viviendas no tiene acceso al agua de red (potable) y el 7,7% directamente no recibe agua por cañería adentro de su domicilio. En cuanto al régimen de tenencia, el 34,5% de los hogares no está habitado por sus propietarios.

Además, los gobernantes son responsables de la pobreza creciente y el alza de precios en el corralón, que vuelve cada vez más lejana la posibilidad de construir una casa con materiales resistentes y menos inflamables. También son los primeros en enviar a la policía para desalojar a aquellos que, en busca de un lugar donde vivir, recuperan terrenos ociosos. Como ejemplos tenemos la represión ordenada por Kicillof y Berni en Guernica, o la orquestada por Larreta en la toma “Fuerza de mujeres” de la Villa 31.

Reclamamos al gobierno porteño que dé asilo e inmediata reparación económica a las familias que vieron arder sus casas, junto al título de propiedad sobre los lotes que ocupan. Así como también luchamos por tierra y vivienda para toda la población y un programa que recomponga los ingresos populares en pos de revertir las carencias que conforman el día a día de los sectores más postergados.

Para resolver la crisis habitacional que envuelve al país es necesario crear un banco de tierras ociosas y fiscales donde construir vivienda popular, urbanizar los barrios pobres, extender el tendido de servicios básicos para que lleguen a todos los hogares y universalizar el crédito hipotecario (a tasa cero, con cuotas que no excedan el 10% del ingreso familiar). Ese plan de viviendas y urbanización debe ser controlado por los propios vecinos, emplear mano de obra desocupada bajo convenio y financiarse mediante un impuesto progresivo y permanente a la vivienda ociosa y a los desarrolladores inmobiliarios, la ruptura con el FMI y el repudio de la deuda usuraria.