La catástrofe ocurrida en el predio La Colmena, que dejó dos muertos, demuestra que estamos frente a otro Cromañón, donde el Estado municipal y empresarios hacen prevalecer el lucro capitalista por sobre la seguridad del público y artistas.

 

Según datos y estimaciones aportados por la fiscal Susana Alonso, el lugar del recital estaba habilitado para 170.000 personas pero “habría habido más personas de las permitidas en el predio La Colmena. El lugar tenía una capacidad determinada. Hubo venta de entradas sin límites y gente que entró sin entrada”. Se habla de una concurrencia de más de 300.000 personas.

 

Estamos frente a un fenómeno de masas explotado para el lucro en su máxima expresión. Detrás del “mito” y “la misa ricotera”, los organizadores generan ganancias exorbitantes, a 800 pesos la entrada, al más bajo costo posible, con una infraestructura insuficiente para la gran concurrencia.

 

En ocasión del recital del Indio en Gualeguaychú (en 2014), salió a la luz que las condiciones que ponía la productora, En Vivo Group SA, era la exención de impuestos municipales, que según la normativa debieran ser del 5% de la recaudación y que sólo podría eximirse en caso de que el recital fuera no lucrativo. En esa oportunidad, el entonces intendente de Gualeguaychú Juan José Bahillo (FpV) declaró que “preferimos ceder para beneficio de toda la ciudad, que ganará con este recital cien millones de pesos”.

 

Si este recital fuera realizado en River u otro estadio de menor capacidad se necesitarían al menos cuatro fechas. El Indio y los “fundamentalistas del aire acondicionado” deberían tocar cuatro veces, y pagar impuestos y gastos de organización mucho más abultados.

 

El Indio, que no podía desconocer las condiciones en que “su” productora armó el espectáculo, al darse cuenta que había gente en el piso pidió encender las luces y dijo desde el escenario: “¿Hay alguien desmayado?, ¿qué es lo que está pasando ahí? Hay gente en el piso, por favor, a ver la gente de seguridad, la gente de… de (tartamudeando…) calma, calma los que están atrás por favor, hay mucha gente, hay que tener mucho cuidado, habíamos quedado que nos cuidáramos”.

 

¿Pretendía sortear un problema de inseguridad organizativa con la conciencia de “cuidarnos entre todos” a un predio que superaba el 100% de su capacidad? El resultado de esta negligencia en favor de la ganancia y la explotación de la música son dos muertos y decenas de heridos.

 

La única manera de “cuidarnos” que tenemos los músicos es organizarnos y luchar por nuestros derechos y seguridad laboral.

 

Músicos Organizados pide justicia por las víctimas y heridos. Exigimos que se investigue y condene a todos los culpables, tanto privados como municipales, que han sacado provecho lucrativo de esta masacre social que tiene a los jóvenes como rehenes.

 

“Se esperaban 150 mil personas”, mintió el intendente Ezequiel Galli (Cambiemos) en una conferencia de prensa donde pretendió eximirse de responsabilidades. La expectativa de la llegada a la ciudad de Olavarría era, desde antes, de 300 mil personas. Según reveló La Política Online, Galli decidió otorgar el predio de La Colmena sin que tuviera habilitación -el predio estaba inhabilitado y la intendencia dio permiso para que el recital se realizara. El lugar, según la documentación periodística, fue alquilado por 300 mil pesos, una suma ridícula frente a la recaudación total -las entradas costaban 800 pesos. Galli decidió presentar a la Municipalidad de Olavarría como garante para pasar por arriba de la ley de un predio inhabilitado.

 

Como lo fue en Cromañón, denunciamos la complicidad del Estado y los empresarios y exigimos cárcel a los culpables.