La oleada de ocupaciones de tierras que recorre el país es la expresión más drástica de la profunda crisis habitacional que golpea a la clase obrera en su conjunto. A pesar que medios de comunicación y funcionarios traten de circunscribirlas a un sector social marginal, de desocupados y subocupados, lo cierto es que cada vez son más las familias con empleos estables que terminan hacinadas en sus casas familiares, o incluso siendo parte activa de las ocupaciones.

Estamos ante una radiografía del deterioro de las condiciones de vida de toda la clase obrera argentina. No sólo la desocupación masiva, agravada por la pandemia, es un factor que alimenta la crisis habitacional. El congelamiento salarial suma a toda una franja de la población a este padecimiento. Trabajadores formales, los que aún conservan un trabajo en blanco, se han visto imposibilitados de sostener el pago de los alquileres que se dispararon en los últimos meses.

En lo que va de 2020, los alquileres sufrieron un aumento superior al 31,5%, cifra que duplica la inflación medida por el Indec. Según datos ofrecidos por la plataforma inmobiliaria Zonaprop, solo en agosto se incrementaron un 6,5%, en comparación con el mes anterior. El mismo estudio detalla que en la ciudad de Buenos Aires un departamento de dos ambientes y 50m2 tiene un valor promedio de alquiler de $26.137 mensuales, mientras que una unidad de tres ambientes y de 70m2 se alquila por $36.184 en promedio. En la ciudad de Córdoba un departamento de dos ambientes y 50 m2 está en $13.512, y de uno de 70m2 en $18.480 aproximadamente. Estos precios registran un incremento del 12% desde que se aprobó la Ley de Alquileres en el mes de junio. En el caso de Rosario, los incrementos alcanzaron el 18% en el mismo período. En ningún caso se contemplan aún las posibles actualizaciones por la reciente devaluación.

 

Estos precios se vuelven prohibitivos para la mayoría de las familias trabajadoras. En junio el Indec informaba que durante el primer semestre del año se registró un ingreso promedio de $28.497 entre la población ocupada. El ingreso promedio per cápita de la población rondó los $19.916, aunque entre los sectores más empobrecidos se ubicó en los $11.650. Con paritarias congeladas en la inmensa mayoría de los gremios desde hace más de ocho meses, una desocupación creciente que supera el 10,4% de la población -a quienes se suman millones de subocupados-, y una inflación en ascenso que se proyecta superior al 45%, la crisis habitacional adquiere alcances cada vez más masivos.

Ley de alquileres: un nuevo fracaso

A pocos meses de su aprobación, entonces, la ley de alquileres impulsada por el oficialismo se ha revelado impotente ante la situación.

El Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba) advierte que tras la aprobación de la disposición los precios de los alquileres llegaron a subir hasta un 35%, y muchos propietarios optaron por retirar su inmueble del mercado, alentando aún más los aumentos. Por su parte, Inquilinos Agrupados señalan que a diario se multiplican las denuncias de maniobras por parte de propietarios e inmobiliarias que buscan firmar contratos con fechas anteriores a julio para evadir el alcance de la ley, o firman prórrogas de los contratos vigentes.

A pesar de su sanción, la ley es violada abiertamente en sus aspectos más progresivos, como sucede con la firma de contratos por un período mínimo de tres años, la diversificación de garantías y el límite a los montos de anticipo y depósito inicial. Incluso algunas de las denuncias indican que se impone la firma de contratos comerciales en lugar de contratos particulares, para aumentar los precios.

El punto que se ha revelado más problemático es el que fija el índice sobre el cual se calculan los futuros aumentos, determinado mitad por la inflación de Indec y mitad por las modificaciones salariales medidas en el registro Ripte. Hay estimaciones que indican que el año que viene rondaría el 48%, cuando la indexación anual se venía manejando en 30%.

Es decir que con esta disposición el gobierno no hizo más que fomentar la especulación, provocando un efecto adverso al anunciado. Se trata de una política de confiscación y expulsión que golpea sobre los casi nueve millones de inquilinos que se contabilizan en el país.

La especulación inmobiliaria como política de Estado

La crisis habitacional hunde sus raíces en la expansión de la especulación inmobiliaria, que durante décadas ha dispuesto el ordenamiento del suelo urbano. Las grandes constructoras acaparan las tierras en las principales ciudades del país, muchas veces favorecidos por la venta de terrenos públicos a precios irrisorios.

Con el argumento de promover la producción y económica local, intendentes y gobernadores disponen todo tipo de exenciones impositivas, modifican los códigos urbanísticos y flexibilizan las regulaciones para habilitar los grandes emprendimientos de los desarrollistas, y avanzan en la “puesta en valor” mediante obras faraónicas que, lejos de dar una salida a la situación habitacional, la agravan.

La construcción de emprendimientos habitacionales de gran valor expulsa a la población trabajadora a las periferias y localidades aledañas, al encarecer el costo de la tierra y los alquileres, a la vez que alimenta la especulación inmobiliaria. La concentración de propiedades ociosas es utilizada como reserva de valor por los capitalistas, que buscan preservarse de la depreciacion del peso y otros activos, retroalimentando este mecanismo. Según todos los registros, la carencia habitacional se agravaba mientras se experimentaba un boom de la construcción.

Con la llegada de la pandemia han estallado las contradicciones también en este terreno. Mientras los alquileres se han disparado en relación a los ingresos de las familias trabajadoras, el precio de los mismos se encuentra en uno de los puntos más bajos de la última década en relación al valor de las propiedades. Según aseguran Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), los precios de las propiedades en los últimos meses estuvieron entre 30% y hasta 40% por debajo de los “prepandemia”. Cada vez son más los inquilinos que rescinden contratos, y la baja en las ventas de propiedades alcanza el 80% en relación a 2019.

En este cuadro, los pequeños propietarios sucumben ante los especuladores que aprovechan para profundizar la concentración de la tierra. Esto se ha traducido en un auge de la permuta, mecanismo por el cual las constructoras se quedan con tierras sin construir a cuenta de bienes futuros. Sin embargo, la caída del valor de la propiedad la deprecia como mecanismo de reserva de valor, lo que ha favorecido un párate en la construcción.

En este cuadro, la Cámara Argentina de la Construcción presiona por nuevos subsidios y vías de financiamiento, pero el cuadro nacional hace inviable la reactivación del sector mediante la obra pública. Las expectativas que generó el lanzamiento del nuevo ProCreAr lejos están de cumplirse, por lo marginal del programa (se prevé sólo 300.000 créditos contra un déficit habitacional de tres millones de familias), y por su inaccesibilidad para las familias trabajadoras.

La improvisación de planes por parte del gobierno de Alberto Fernández, como el lanzamiento de “precios cuidados para la construcción” o la creación del Régimen Especial de Productos de Inversión Colectiva como Fideicomisos Financieros y Fondos Comunes de Inversión para el Desarrollo Inmobiliario, no son más que una aspirina para tratar un cáncer. Los límites del bonapartismo en tiempos de default se exponen con crudeza en la crisis habitacional.

Defensa de las ocupaciones y plan viviendas populares

La especulación inmobiliaria, que ha sido la base para ir agravando el problema de la vivienda social, enfrenta una crisis insalvable producto de su propia naturaleza especulativa. Los ataques sistemáticos a los obreros de la construcción -golpeados por de despidos masivos, obligados a trabajar en condiciones precarias en plena pandemia, por salarios de hambre- y la expulsión masiva de las familias trabajadoras de los centros urbanos, no ha logrado revertir la inviabilidad de la especulación como fuente de negocios y acumulación capitalista. Atacan al pueblo trabajador, pero no hay horizonte de salida claro para el capital.

Las ocupaciones de tierras son hoy la única vía de muchas familias trabajadoras para acceder al derecho elemental de la vivienda. La lucha por este derecho es indisociable de la defensa incondicional de las ocupaciones y el rechazo activo de la percusión judicial y la represión estatal que pesa sobre las y los ocupantes, como lo expresan las amenazas de desalojo dictaminadas por el gobierno de Kicillof en provincia de Buenos Aires, o el hostigamiento y persecución de la policía de Juan Schiaretti en las ocupaciones cordobesas.

Para una salida de fondo es necesario un programa integral, que debe incluir un límite a los precios de los alquileres para que no superen el 10% del salario, la quita de los impuestos inmobiliarios a familias con una única propiedad, la imposición de un impuesto progresivo a las viviendas ociosas y su entrega en comodato a los jubilados, el cese de la entrega de terrenos públicos al capital inmobiliario, y un plan de viviendas populares y urbanización de villas y asentamientos precarios bajo control obrero.

Sobre la base de una economía planificada no solo se puede resolver el problema de la vivienda social, sino promover la creación de empleo genuino para combatir la desocupación. Es con esta perspectiva que ponemos en pie un Congreso Nacional por la Vivienda, para batallar por la unidad de la clase obrera en la pelea por una trasformación de fondo que dé salida a un cuadro desesperante.